No ha podido tener mejor defensa esta semana el proceso secesionista catalán que con el venezolano Nicolás Maduro. Su voz extemporánea y populista no ha sido secundada por parte de nadie. Ningún dirigente internacional se ha puesto del lado de los independentistas sino todo lo contrario, mientras Mariano Rajoy ha recibido el respaldo de sus colegas europeos.
Puigdemont se ha caído al vacío por maduro, por pasarse una y otra vez con sus actuaciones, contestaciones contradictorias y engañosas. El desafío tuvo ayer una seria respuesta con la aplicación sin precedentes del artículo 155 de la Constitución. Rajoy no parecía ni él mismo, primero al contar con el respaldo absoluto del PSOE y Ciudadanos y, segundo, al no dejar ni un resquicio a cualquier otra maniobra del presidente de la Generalitat o por parte del Parlamento catalán. No hay muchas salidas o alternativas cuando se vulnera la ley, el Estatuto catalán y la Constitución. No se suspende la autonomía, se cesa a su presidente y a todos sus consejeros. Los grandes problemas necesitan grandes soluciones. Ya no valen paños calientes ni tiritas cuando se produce una gran hemorragia. No hay humillación alguna ante un inaceptable intento de secesión.
España no es una dictadura. Lo fue hasta la muerte de Franco. A partir de ahí se construyó un régimen democrático sobre la base de la separación de poderes. En España no hay presos políticos, por mucho que forme parte del hábil pero falso argumentario de quienes quieren imponer una inexistente supremacía. Los agitadores independentistas están desde el lunes en prisión por la decisión de una magistrada de la Audiencia Nacional, no sujeta a ningún dictado politico, sino al cumplimiento de la ley y, en este caso, del Código Penal.
En este proceso y en otros muchos la llamada posverdad parece un tsunami, pero al final la mentira tiene las patas cortas. El mundo feliz lleno de riqueza que llegaría a una supuesta república catalana se ha encontrado ya de bruces con el traslado de sede social de 1.200 empresas. Expertos en materia económica y fiscal han señalado que el daño que puede ocasionar para Cataluña alcanzaría hasta 13.000 millones de euros, casi la cifra cercana que los independentistas han reclamado con esa mentira del «España nos roba». Pero eso es sólo el principio, el problema es que la mecha encendida por Puigdemont ha provocado un incendio de graves consecuencias económicas. Ya hay síntomas de retroceso en la inversiones en Cataluña así como en las reservas turísticas y también un descenso en el consumo. Es fácil saber qué ocurre con el empleo cuando las empresas no cumplen sus expectativas, objetivos en sus ventas o servicios y no son rentables. La parálisis es un riesgo en estos momentos de recuperación económica para Cataluña y España.
La vuelta a la legalidad tiene ya un camino marcado que pasa por el Senado este viernes. Es posible que algunos mantengan su postura e insistan en saltarse la ley. Por mucha presión que ejerzan en la calle a partir de ahora la firmeza se hace imprescindible. ¿No les parece?