España es una nación indisoluble, constituida en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valor de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Así se recoge en nuestra Constitución y así lo está demostrando estos días, enfrentándose al más feroz ataque contra ella desde su aprobación en 1978 que han lanzado los separatistas catalanes.

La Justicia es independiente y trabaja para el cumplimiento de las leyes. Esta semana un magistrado del Supremo ha dictado medidas cautelares contra los miembros de la mesa del parlamento catalán, su ingreso en prisión pero eludible con fianza. Hay quien ha querido ver diferencias con respecto a lo decidido por una magistrada de la Audiencia Nacional con respecto al ex vicepresidente de la Generalitat y otros siete ex consejeros encarcelados. Esta última decisión pudo considerarse muy dura o incómoda, con unas elecciones autonómicas a la vista, pero se justifica por varias razones. Existe un distinto ámbito jurisdiccional que marcan las propias leyes, en principio, y pueden ser diferentes los papeles que hayan podido desarrollar unos y otros y, especialmente, a la hora de reconocer unos supuestos hechos delictivos los inculpados y su capacidad e intención para volver a repetirlos. Forcadell manifestó este jueves ante el Supremo su renuncia a cualquier actuación fuera del marco constitucional, cuestión sobre la que no se expresaron quienes están en la cárcel.
Muy significativo es que en todo este ‘procés’ algunos de sus principales protagonistas sean unos cobardes o unos renegados, que la declaración de independencia no haya tenido el menor respaldo en Europa, salvo un grupo político minoritario en Bélgica de ultraderecha. Si el pseudo referéndum tuvo cierta proyección internacional fue por ciertas imágenes de actuaciones policiales frente a la ilegalidad manifiesta de la consulta, sin garantías, ni censo, con repeticiones de voto. Por esa razón, este miércoles, la huelga convocada por un sindicato minoritario promovido por un ex terrorista que fue condenado a 48 años de cárcel por el asesinato del empresario José María Bultó, no podía servir de provocación a las fuerzas de seguridad. Los piquetes, al más puro estilo de la kale borroka, incluida la presencia de niños ‘escudos’ en una autopista, consiguieron bloquear algunas de las principales vías de comunicación, pero no la actividad económica y laboral en Cataluña. A un centenar de ellos no les saldrá barato, tendrán que pagar costosas multas por su actuación. Además de llevarse la desconsideración de miles de ciudadanos que sufrieron por la fuerza la imposición de unos pocos. Tampoco les vale que se manifiesten por las calles de Barcelona si persisten en saltarse las leyes.
La ‘vía Forcadell’ ha abierto una brecha entre los independentistas y es posible que sea seguida por algunos de los que están a la sombra, el aislamiento deja a un ridículo Puigdemont sin apoyos mientras su lista unitaria ha fracasado, con un PdeCat en disolución y los de Podemos a la greña. Todo ello son síntomas de un debilitamiento gracias a la fortaleza del Estado. ¿No les parece?