Estaba claro que el independentismo catalán que algunos proclamaban hasta la saciedad, además de ilegal, era una milonga, puro engaño. Ni significaba el sentir de «todo un país», ni en el hipotético caso de llegar a la secesión Cataluña sería más rica, dentro de Europa, cuando su declaración no ha tenido respaldo alguno. No está mal reconocer la falta de preparación para el día después, especialmente cuando el Gobierno de España pone en marcha los mecanismos suficientes para restaurar la legalidad democrática. Unos son presos preventivos y otros ponen tierra por medio para evitar o retrasar su encarcelamiento. A la vista de la actuación de la fiscalía belga, no exenta de algún requerimiento insólito, parece dispuesta a aceptar la extradición de Puigdemont.

Pero lo surrealista en el monotema catalán ha sido esta semana lo afirmado por la secretaria general de Esquerra Democrática, Marta Rovira, el colmo de la mentira y engaño, cuando ha afirmado que el Gobierno había amenazado «con muertos en la calle» de continuar el proceso secesionista. Otra falsedad. Lo peor de todo este lamentable esperpento es que hay ciudadanos que persisten en el victimismo, no salen de su encapsulamiento ni son capaces de reconocer que han sido engañados. Es lo mismo que les pasaba hace años a quienes por el afán de enriquecerse fácilmente se dejaban atrapar por timadores y luego no denunciaban para que no les llamaron tontos.

La aplicación del artículo 155 funciona y acabará en unas elecciones que deben desarrollarse con normalidad y todas las garantías, aunque la sombra de los ciberataques sea alargada y previsible ante los apoyos de este tipo recibidos por los separatistas, con la expansión de bulos y noticias falsas. Las fuerzas de seguridad españolas, expertas en la materia, tienen trabajo por delante. Curiosamente, uno de los escasos beneficios que puede reportar este proceso es que los cuerpos de la Policía Nacional y Guardia Civil vean igualados sus sueldos frente al de los Mossos. Una situación insostenible que debe arreglarse con subidas al alza para los desfavorecidos y perjudicados. Similar a la solución en la financiación autonómica, cuestión de largo recorrido sobre la que se hablará largo y tendido. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se puso de frente en el debate sobre el estado de la Comunidad, en el que con firmeza reivindicó el papel de Andalucía, contra burdos ataques, y mostró la estabilidad de su mandato, con una oposición que no acaba de encontrar su espacio y deja que se perciban movimientos que pueden interpretarse como una cierta falta de cohesión y unidad de acción y criterio.

Estos días hemos conocido también cómo trabajaban algunos listos en la política, en concreto los implicados en la Gürtel. Después de un año de juicio sobre hechos acontecidos hace más de una década, el caso está visto para sentencia. La corrupción que se judicializa llega tarde y el peso de la ley caerá sobre los culpables, aunque podría ser más rápida si desde el poder ejecutivo dotara de medios para su agilidad. Las otras consecuencias, las políticas, son más complicadas. Por eso Mariano Rajoy, que prestó declaración como testigo en esta vista, piensa que los daños ya se han pagado y señaló esta semana su disposición a presentarse en las próximas elecciones. No estoy tan seguro de las consecuencias cuando también hemos sabido ahora del procesamiento del Partido Popular por la desaparición de los ordenadores desaparecidos en su sede de Génova. Se sentarán en el banquillo tres de sus técnicos, la tesorera, el jefe jurídico y el informático. A falta de todas las sentencias, me parece que la responsabilidad política sigue brillando por su ausencia. ¿No les parece?Cataluña