Menos mal que Mariano Rajoy ha descartado que vaya a convocar elecciones tras conocer el resultado de las catalanas. Y en lo más cercano, a Susana Díaz tampoco se la ha pasado por la cabeza tal idea en lo que respecta a Andalucía. Así que él próximo año estaremos más tranquilos, sin que los políticos se tengan que ocupar ni preocupar por convencer a los ciudadanos para ser depositarios de su confianza y, fundamentalmente, de sus votos.

Con el problema catalán y sus secuelas tendremos bastante. De los comicios de este jueves no ha salido una solución mágica. No era fácil, pero eso no invalida ni hace reprochables las decisiones que tomó el Gobierno tras la celebración del falso referéndum secesionista y la declaración unilateral de independencia, con la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, el cese del gobierno de la Generalitat y la convocatoria de estas elecciones. No había otro remedio para restaurar la legalidad democrática, aunque eso le haya provocado al PP un gran batacazo, al pasar de once a tres escaños y quedarse como una fuerza casi residual en aquella comunidad autónoma, con las dudas sobre la repercusión que puede tener en un futuro en el resto de España, tras el gran éxito de Ciudadanos.

Los resultados, con una altísima participación, ha renovado la división en dos bloques de la sociedad catalana. El que la formación naranja se haya convertido en el partido más votado es significativo y deja claro que nadie puede arrogarse un sentimiento unánime para reivindicar una república catalana. Además, los independentistas sufren una merma de votos notable y son superados en sufragios por los constitucionalistas, pero eso no impedirá que se vuelva a reeditar un gobierno como el anterior, a sabiendas de que no pueden intentar volver por el mismo camino.
Mientras, la Justicia continúa con su trabajo. Este viernes lo hemos comprobado con la imputación a Artur Mas, Marta Rovira y Anna Gabriel en la causa de rebelión que investiga el Tribunal Supremo. Conviene recordar que la reincidencia es un concepto del derecho penal agravante de la responsabilidad criminal. Los que están en prisión preventiva o los que se encuentran fugados tienen ese problema. A espera de las decisiones judiciales que resulten y deban ser respetadas en un Estado de Derecho, el problema catalán se tendrá que resolver no desde la ruptura que pretendían los secesionistas, con los graves daños sociales y económicos que han provocado, sino desde el diálogo. Toca hacer política de altura y con mayúsculas –aunque no parece que muchos dirigentes tengan suficiente experiencia de ello– con concesiones por parte de todos, no solo de una parte. Eso es lo que nos falta. Y al PP, encontrar un modelo territorial para su propio partido y para España que funcione si quiere seguir gobernando. ¿No les parece? Feliz Navidad, amigos lectores.