Cristina Cifuentes tardó en dimitir. Afirmó el miércoles que tenía previsto su anuncio el próximo día 2, fiesta de la Comunidad de Madrid, pero el adelanto se precipitó por la difusión de un vídeo, grabado hace siete años, en la que ella aparecía tras haber sido descubierta al cometer el hurto de dos botes de crema en un supermercado. Era la gota que desbordaba el vaso, fuera víctima de una cacería o de un trastorno que sufre. ¿Cuánto se habría ahorrado el PP si Cifuentes hubiera renunciado cuando se conoció lo de su máster? Incluso podía haber sido más rápida en la salida de la presidencia de su partido en Madrid, envuelto en una situación endiablada y susceptible de empeorar, al mismo tiempo que se ha conocido la imputación de Alberto Ruiz Gallardón. «Si quieres venganza, cava dos tumbas», frase pronunciada por Francisco Granados lo dice todo. Sobran los dos y personajes de esa calaña.

Muchos de nuestros políticos se han considerado invulnerables, sobre todo los que han ejercido mucho tiempo el poder. El sentido común les ha brillado por su ausencia, creían no pisar el suelo cuando en realidad todos estamos sobre un frágil cristal. El ejercicio de la actividad política supone siempre una dedicación transparente y modélica, aunque algunos se han enterado tarde. Es verdad que no todos los políticos son corruptos y la presunción de inocencia no puede olvidarse nunca, pero hay momentos que desde la propia responsabilidad personal y desde las cúpulas de los partidos tendrían que atajar ciertas sospechas o comportamientos, porque no sólo se trata de meter la mano en el cajón del dinero.
La Justicia, precisamente, ha entrado esta semana en el ojo del huracán a raíz de la sentencia por la condena a ‘La Manada’, que ha provocado una ola de indignación generalizada, con manifestaciones en numerosas ciudades y un gran movimiento a favor de la víctima. La decisión de la Audiencia de Navarra ha abierto un gran debate social, con la propuesta de reforma del Código Penal y una nueva tipificación de los delitos sexuales, que parece necesaria. Es tarea del poder legislativo, diputados y senadores, hacer o mejorar las leyes, trabajar –que para eso cobran– en la búsqueda del mayor consenso y cambiar la redacción que consideren necesaria sobre lo que es la intimidación, abuso sexual y agresión sexual o violación. Los jueces están sometidos a la ley y la cumplen. Nos pueden gustar sus sentencias o no, pero nuestro sistema judicial independiente y profesional funciona aunque tenga carencias. Lo han demostrado al quitar a un juez del caso Gürtel, el tercero, por su ‘aparente’ proximidad con el PP. Una de las bases de nuestro Estado de Derecho no puede socavarse por sentimientos, climas sociales o veredictos populares previos, sino por las pruebas y lo declarado en el juicio, ante el que hay garantías de revisión, como en este caso.
Trascendente ha sido conocer que los jubilados de toda España pueden gozar de la subida en las pensiones, ajustada al IPC, gracias a los nacionalistas vascos, que han puesto esa primera condición para apoyar los Presupuestos. Queda negociación, pero el Gobierno dice que sabe cómo pagarlo. No está mal, pero desconozco si ha habido hallazgo o se quedará en una ocurrencia. ¿No les parece?