Las llamas provocadas por la sentencia de ‘La Manada’ tuvieron esta semana un lamentable episodio protagonizado por el ministro de Justicia convertido en bombero pirómano. Si hasta ahora siempre hemos oído por boca de cualquier miembro del Gobierno que se respetaban las decisiones judiciales, Catalá sacó los pies del tiesto y fue más allá al mencionar al magistrado que redactó el voto particular, con el que se puede estar en desacuerdo, pero ajustado a Derecho. Los tribunales ejercen la ley, la interpretan desde la presunción de la inocencia, la demostración de la culpabilidad y la protección y defensa de las víctimas.
El ministro insinuó que debería haberse actuado preventivamente contra ese juez y llegó a decir que padece «algún problema singular» que «todos lo saben». ¿Qué saben? Eso sí que es una condena sin fundamento. ¿Qué se pretende, una censura previa por si no gustan las sentencias, o una purga entre jueces que no se sometan al poder político? No pudo cometer mayor despropósito con ese ataque a la legitimidad e independencia judicial, ante el que no cabe otra cosa que rectificar o dimitir. Lejos de eso, Catalá reclamó posteriormente lealtad para tener una Justicia de calidad, cuando él ha estado justo en el lado opuesto. ¿A qué espera el Gobierno para dar los medios suficientes que reclaman jueces y fiscales, que han puesto en marcha un calendario de movilizaciones y paros con el fin de solucionar muchos de sus problemas y les permita trabajar con mayor celeridad?
Cuando al torero Juan Belmonte le preguntaron cómo un banderillero de su cuadrilla había sido nombrado gobernador civil, el diestro contestó: «Degenerando, degenerando». Así estamos, en plena degeneración, en una crisis sin precedentes que algunos alimentan en beneficio propio, en un caos populista que quiere acabar con el Estado Derecho y que se vale del lado oscuro que tienen las redes sociales para manipular los sentimientos y la verdad. Pero lo último era ver a un miembro del Ejecutivo arremeter contra la Justicia, en una intolerable intromisión. Es como ponerse al frente de una manifestación contra sí mismo para evitar ir contra la corriente. Otra cosa es que el Poder legislativo cambie las leyes en función de la realidad social, como ante estos delitos sexuales, aunque parece llegar tarde. Y encima en la comisión para estudiar la reforma del Código Penal no hay ni una mujer.
Pero la degeneración máxima ha sido la de ETA hasta su mismo final. Sólo unas pocas líneas, porque me niego a alimentar la vileza de una organización que intentó derribar la democracia para imponer sus ideas con bombas, pistolas y secuestros, pero perdieron ante la unidad y fortaleza política y social, la eficacia y entrega de las fuerzas de seguridad. Todos éramos su objetivo, sin distinciones. La patraña de sus últimos discursos, con una lamentable escenografía, sólo merece el desprecio después de más de 800 asesinatos, de los que más de 300 están todavía impunes, sin aclarar ni castigar a quienes los cometieron. Las víctimas merecen el apoyo y recuerdo permanente para que siempre se sepa que esto no fue un conflicto, fue una pura y dura barbarie terrorista y sus autores unos malditos asesinos, crueles e injustos. ¿No les parece?