La jueza Mercedes Alaya envió ayer otra vez a la cárcel al ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, ese tipo con rostro entre presuntamente inocente y supuestamente cara dura al que le gustaba fumarse un marlboro y beberse un gin tonic de vez en cuando. Por lo visto, también suele pasar por la trena cada cierto tiempo.

En la redada ordenada por la magistrada hubo un detenido en Granada, provincia que ya aparecía de refilón en el sumario de las prejubilaciones fantasmas por los ERE de, al menos, cuatro empresas.

Nada tiene que ver todo esto con la actuación presuntamente delictiva del nuevo imputado, un empresario que cobró 123.000 euros por justificar el expediente de Mercasevilla; el mismo que suscitó la escuchas por lo que empezó todo.

Se trata del cuñado del ‘conseguidor’, el exsindicalista Juan Lanzas. Ese hombre que pasó de hacerse fotos con empresarios y políticos -tiene una hombro con hombro con Gaspar Zarrías-, a convertirse en un apestado al que nadie conocía.

Lo que sorprende es que el juzgado haya tardado dos años en entrar en el domicilio del asesor granadino, al que un informe policial de 2010 ya señalaba directamente como posible pieza de esta red de corrupción.

Entonces, llamaba la atención -sin más- el inmueble donde tenía su domicilio y la sede donde había domiciliado hasta cuatro empresas. Un bloque descaradamente moderno en su entorno, moderadamente lujoso y sin ninguna señal de que allí hubiera actividad empresarial alguna.

Cuando llegó el miércoles la Guardia Civil, Isamel ya tenía colgado en la fachada un cartel generoso donde ofrecía sus servicios para tramitar todo tipo de papeles.

Un conseguidor más.

Otro.