Parece que será cuestión de días que haya en alguna provincia andaluza un registro policial de esos que llaman mediáticos. La duda es si lo ordenará la jueza Alaya -pongamos por caso- o si los agentes llegarán desde Madrid y lo filtrará ese ministerio que nunca –ni ahora ni antes- se guardó demasiadas cosas para su interior.
Comparto que el presunto fraude de los cursos de formación no será, posiblemente, de la envergadura que se especula. Pero no entiendo la repentina sorpresa que manifiestan algunos por un enjuague que se sabía desde hacía al menos tres años, que tiene causas dispersas por varios juzgados andaluces -en cuestión de horas habrá un pronunciamiento relevante- y que la propia Junta ha intentado limpiar antes de que reventase.
Ya se sabe que en este país es bastante habitual que quien hizo la trampa haga la ley, y no a la inversa. Una malformación como otra cualquiera.
Al menos una de las personas que se sienta ahora en el consejo de gobierno de Susana Díaz -sin contar a la presidenta- conocía las irregularidades en la concesión de cursos, tenía sospechas con nombres y apellidos y las investigó.
La pregunta es por qué en todo este tiempo el gobierno andaluz no ha dado un paso más. Por qué no denunció los tejemanejes.
Esa misma pregunta aparece en el último folio del argumentario interno que manejan los cargos de la Junta para responder estos días a la opinión pública. La respuesta es que se están revisando todos los programas de formación profesional entre 2007 y 2011 y aún no se ha “agotado todo el proceso administrativo”.
Queda otra interrogante, aunque esta no figura en el argumentario. Si todos los expedientes para recuperar el dinero mal gestionado se han enviado al BOJA.
Pero esta no es más que una maldad que yo tampoco quería quedármela para mi interior.
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