Un compinche de este blog me cuenta que alguien le ha dicho -información de primera mano y de segunda boca- que a la última eucaristía del arzobispo Francisco Javier Martínez acudieron cuatro sacerdotes que le han dado ‘nones’ a Roma. No hay más prueba que la palabra de la fuente informativa, que por convicción y profesión se supone que no puede engañar.

Sucede al contrario con la política; donde pervertir el octavo mandamiento es el más venial de los pecados. Incluso, judicialmente está permitido mentir si es en defensa propia y en calidad de imputado.

En cambio, lo que los jueces no pasan por alto -según hemos sabido ahora- es la “ceguera voluntaria”.

Lo hemos visto en la sentencia de la Audiencia Provincial que ha inhabilitado por ocho años -que viene a ser de por vida- a los dos últimos exalcaldes de Otura, entre otros.

El primero, Ignacio Fernández-Sanz, intentó “favorecer en todo lo posible” la adquisición de un inmueble a una empresa por casi el doble de su valor; de 188.098 en los que lo tasó inicialmente el técnico municipal a 348.000. Para que prosperase la operación y pareciese una ganga, “no dudó en simular” que otro propietario solicitaba por otro terreno próximo hasta 900.000 euros. Contó, según la sentencia, con la participación o conocimiento de los que fueran sus concejales de Urbanismo y Hacienda -sucesor efímero en la alcaldía- y su entonces socio de gobierno y no mucho antes enemigo profundo.

El tribunal no se cree que todo fuera tan inocente e ingenuo y, con su sentencia, pone fin a una de las carreras políticas que se ha dilapidado en menos tiempo; lo cual tiene su mérito.

Pensábamos que la Justicia era ciega; hasta que los jueces se percataron de la ceguera de algunos políticos.