Cuando José Torres Hurtado se acercaba a la hora y media de declaración en sede judicial, el pasado 12 de mayo, la fiscal le preguntó por el perjuicio para la ciudad y el beneficio para un empresario que habría supuesto uno de los contratos municipales en el que tuvo, presuntamente, participación directa.
El exalcalde, hasta entonces aparentemente calmado, apoyado en una mesa auxiliar sobre el codo izquierdo, los pies a ratos cruzados, se revuelve por instinto como un gato acorralado. El mismo ímpetu vehemente con el que en sus últimos años en la alcaldía respondía a los periodistas que hacíamos preguntas fuera del guion.
Sin embargo, en esta ocasión ni quien preguntaba era un reportero ni el que respondía era ya alcalde.
-Eso es lo que usted está diciendo -reprocha Torres Hurtado a la fiscal.
-Estoy preguntando.
-No lo está preguntando, está afirmando -persiste.
E interviene la jueza:
-Son las mismas preguntas que hice yo. (La fiscal) afirma lo que consta en el expediente. Consta objetivamente. Hay modificaciones sustanciales (del contrato).
Y Torres Hurtado, tras amargar con algún aspaviento, se percata de que no estaba en el salón de comisiones sino en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital:
-Pido perdón si he interpretado mal las palabras.
Me gusta ver estos vídeos de las declaraciones porque, como intuía, algunos no son capaces de sostener ante un juez la misma altanería con la que despachaban a periodistas y vecinos; incluso, a los vecinos periodistas.
Igual que anticipo que los jaleadores impasibles al desaliento rebajarían el tono si, aunque fuera, los citaran como testigos.
Mientras tanto, aseveran fuera de micrófono que detrás del secreto de sumario de la ‘Operación Nazarí’ no hay nada. Que puede ser.
Pero esta afirmación absolutoria habría, al menos, que matizarla.
Podría suceder que cuando pasen varios años, acabada la instrucción, no se acreditara la comisión de ningún delito. O tan sólo se probara la autoría de alguno dentro de la decena de cargos que pesan sobre los principales investigados.
De momento, por no haber nada, ya hay más de 12.000 folios y 20 horas grabadas de declaraciones. Será una trama delictiva o quedará en compadreo. Y ninguna de las dos posibilidades deja excesivamente bien a un servidor público.
Algunos de los investigados aducen, como argumento de defensa, que en realidad se tratan de cuestiones administrativas. Y este mismo pretexto resulta recurrente en otros casos, como si los políticos bajo sospecha respiraran aliviados si en su historial sólo arrastraran la mácula de un contencioso administrativo.
Curioso que aquellos dirigentes que han cobrado por gestionar una administración asuman como normal que se anulen las decisiones que ellos mismos tomaron. Aunque esas sentencias, que les evitan la inhabilitación o la cárcel, tengan repercusiones económicas drásticas para la ciudad que les votó.
¿Alguien se ha parado a pensar que sucedería si un juzgado de lo contencioso mandara retrotraer las ocho operaciones urbanísticas que se investigan en la ‘Operacón Nazarí’?
Al Ayuntamiento de Granada no le quedaría dinero ni para vestir a la Tarasca.
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