Siete meses después de la ‘Operación Nazarí’, el Juzgado de Instrucción número 2 ha levantado el secreto de sumario. El auto, de folio y medio, apenas aporta nada nuevo. Al contrario, apunta que habrá que esperar otro medio año para tener los informes sobre las operaciones urbanísticas bajo sospecha. Unos podrán interpretar que denota la inconsistencia del caso. Otros justificarán la tardanza por la complejidad de la presunta trama.
El auto de la jueza -por definición, una resolución motivada- debería haber aportado más información en un caso de tanta repercusión pública. Sobre todo, para despejar tantas dudas y especulaciones se han alimentado en este tiempo. A quiénes se investiga, por qué, qué delitos, cuáles fueron los indicios que justificaron las detenciones… Habría beneficiado a todas las partes.
Pero estamos asistiendo al secreto del levantamiento del secreto. ¿Hasta qué punto la transparencia obliga también a la Administración de Justicia? ¿Deben ser los sumarios accesibles cuando se investigan supuestos delitos cometidos por cargos públicos en el ejercicio de sus funciones?
No es bueno que las decisiones judiciales arrojen dudas. Y de la judicatura a la fiscalía. Porque también el lunes, aunque aún faltaban días para que cumpliese el plazo, la Fiscalía Provincial -que depende de la Superior pero que es distinta- emitió un comunicado para informar de que no recurrirá el archivo de las diligencias de la Casa Ágreda.
Y es inevitable que llame la atención que la misma fiscalía que presentó la denuncia se conforme con cerrarla sin que se practiquen la mayoría de las pruebas que solicitaba en su decreto.
O no estuvo justificada la denuncia o ahora ha preferido mirar para otro lado. También lo debería explicar el fiscal que ha llevado este caso.
O los fiscales -en plural- que hayan intervenido.
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