Un juzgado de Granada ordenó en diciembre de 2016 la “inmediata restitución” de los dos hijos de Juana Rivas a su padre; que -vaya por delante- fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito doméstico en 2009.

De la historia de Juana poco -pero no mucho- se supo hasta que, en el mes de julio, empezó a acaparar el protagonismo en los medios de comunicación. Y no ha sido precisamente por ausencia de noticias en este verano de serpientes venenosas.

La historia de una mujer que presuntamente ha vuelto a ser maltratada, con dos menores que tiene que devolver a su expareja en Italia por sentencia y una justicia exasperadamente lenta, reúne suficientes ingredientes como para aburrir a titulares. Pero estos argumentos son los mismos desde hace medio año. ¿Por qué ahora?

No tengo autoridad moral para evaluar los motivos de Juana ni para recriminarle su huida. Me faltan datos para saber si se trata de una prófuga o de una madre coraje, aunque prefiero pensar que es más bien lo segundo. Pero sí me sobran motivos probados para evaluar el círculo mediático que se ha formado a su alrededor.

Y no me refiero necesariamente a los medios de comunicación, sino a opinadores, activistas o asesores que manejan los tiempos a su conveniencia y filtran selectivamente informaciones, fotografías y vídeos para conseguir mayor impacto. He visto por escrito cómo una de estas protagonistas ha sostenido en las últimas 48 horas una cosa y la contraria.

Por lo pronto, ya han logrado que se aposten a las puertas del domicilio los reporteros con la misma frivolidad que hacen guardia en la casa de Paquirrín. Y compartirán todos los defensores de Juana que esta exposición mediática no es lo más conveniente para unos menores que más pronto que tarde tendrán que salir a la calle y relacionarse con otros niños.

Después está la instrumentalización política. Desinteresada, por supuesto. Porque, recordemos, el caso de la madre de Maracena alcanza mayor dimensión cuando la Junta, por boca de su presidenta, Susana Díaz, ofrece apoyo jurídico a una mujer para mantenerla a salvo de “maltratadores”. No es cuestión de colores. Después han salido en similar línea dirigentes de todos los partidos, empezando por el propio Mariano Rajoy, al que no obstante hay que interpretar en la cauta ambigüedad de sus declaraciones.

Lo que están haciendo estos políticos es, justo, un juicio paralelo; de esos que ellos reprochan cuando están investigados en los tribunales.

Por concluir. No me parece mal que desde la opinión pública se puedan corregir las disfunciones de la Justicia; si las hubiera. Tampoco se puede pedir serenidad a una mujer que -con motivos o sin ellos- quiere mantener cerca a sus hijos. Pero sí debemos exigir responsabilidad a su entorno -que no a su familia-, y que evalúe las consecuencias de exponer a una madre desesperada a una batalla judicial de futuro incierto.

Tendrían que recapacitar tras lo sucedido el martes, pese a que Juana -afortunadamente- quedase en libertad.

Porque a punto estuvieron de tener que sustituir por otro el letrero de ‘Juana está en mi casa’.

La puntilla:

27 de julio: La presidenta de la Junta anuncia asistencia jurídica a Juana Rivas.

25 de agosto: Juana Rivas tiene en Granada una letrada del turno de oficio y jueza llama a declarar a la asesora legal como investigada como supuesta inductora de un delito de sustracción de menores.