Según cuentan, en los próximos días es probable que se desate otra fase de la operación Edu, que ya tiene más entregas que la saga de Rocky. Igual que a Bárcenas lo largaron en diferido, a otros los detienen por anticipado y basta con un cálculo a ojo para percatarse de que de los 70 arrestos pronosticados hace una semana aún quedan pendientes más de la mitad.

El presunto fraude de los cursos de formación va a ser uno de los elementos de ruido de la campaña. Junto a la imputación ma non troppo de Griñán y Chaves.

Y tengo mis dudas de que la Junta esté dispuesta en este caso a practicar el ejercicio de transparencia que enarbola.

No lo digo por el consejero Luciano Alonso, que ha entregado al Parlamento cifras exactas de los expedientes de reintegro que se encuentran en marcha. Pero, ay, cuando descendemos a las provincias y nos topamos con los cancerberos que el gobierno andaluz mantiene todavía para guardar el infierno del pasado.

Bien haría Susana Díaz en preguntar por ellos.

Resulta que aunque Luciano Alonso haya contabilizado 640 expedientes en toda Andalucía, la Junta se niega a dar la cifra, por ejemplo, de los que corresponden a Granada.

Curioso, siendo delegada del Gobierno la actual consejera María José Sánchez, cuando el caso de los cursos de formación aún no había caído en manos de la jueza Alaya, ese mismo dato se facilitó varias veces.

No es que me moleste que la respuesta a la solicitud de información sea el desplante chulesco de alguien que reconozca que ni se molestará  en mirarlo. Al fin y al cabo, todo periodista necesita tener un enemigo (metafórico) contra el que escribir y yo últimamente hice las paces con los que me quedaban.

Mucho peor es la inconsistencia de los argumentos.

¿Se vulneraría la protección de datos? Quizás en Granada haya abiertos 69 expedientes de reintegro y este número podría denunciar una intromisión en su intimidad; en ese caso lo entiendo.

Pero habría que recordar que ha sido el propio consejero quien ha facilitado cifras y facturas con nombres en sede parlamentaria. O que la propia Junta colgó en su página web en verano una lista con los nombres de asociaciones, administraciones y empresas que habían sido exoneradas de justificar subvenciones.

No hay manera. En política el único ejercicio de transparencia ha sido un desnudo en una playa y encima resultó ser falso.