La Audiencia Provincial ha condenado a 17 años de inhabilitación al exalcalde de Gójar. Francisco Maldonado ha vivido diez años bajo la sospecha de haber burlado supuestamente la norma para propiciar que su hermano -también condenado- hiciera negocio con una promoción inmobiliaria. Durante todo este tiempo ha tenido protagonismo tanto dentro de su partido -el PP- como en las instituciones en las que ha estado representado. Y hasta podría decirse que, de todos los políticos salpicados por líos judiciales, no ha sido a los que más se ha presionado para forzar su dimisión. Entre otras cosas, porque por el camino escapó airoso de otras denuncias.

Pero la política sí tiene carácter retroactivo y ahora que hay un relato de hechos probados se revisan sus pasos y sus compañías. Hasta mis crónicas podrían resultar sospechosas porque no dictaron apresuradamente sentencia. Más todavía si aparezco en alguna fotografía con Francis en generoso brindis. Y más de una habrá; sin descartar que se vuelva a producir.

Como se ha vuelto incómoda la fotografía de Sebastián Pérez celebrando su victoria en las primarias frente a Juan García Montero, escoltado por su todavía alcalde de Gójar.

Los juicios del presente devuelven a la actualidad los negocios del pasado. Y alguien se encargó de recordar que, en la promoción de aquellos dos bloques que la sentencia ordena derribar, andaba de socio Francisco Rodríguez Ríos, actual diputado provincial de Ciudadanos y antes alcalde socialista de Armilla.

Explica que sólo tenía un pequeña participación -que vendió- y que no estaba al tanto de las negociaciones. Pero es inevitable que se relacione esta vinculación con la abstención de Ciudadanos que en mayo de 2015 propició que Maldonado siguiera en la alcaldía.

Aunque sólo le haya llamado la atención, y con algo de retardo, a IU.

PSOE, PP y Podemos, por ahora, lo ven normal.

Quizás ahí radique la noticia.