He escuchado a Maite Araluce decir que a las víctimas no les vale con las disculpas de los partidos de la oposición -entiéndase aquí, de derechas- que sesteaban mientras Sumar, convertido en correa de transmisión de Bildu, defendía una enmienda para acelerar la salida de prisión de casi medio centenar de etarras.
No se trata de un error, como sostienen Alberto Núñez Feijóo y los altavoces de Santiago Abascal. Un error fue, por ejemplo, cuando el pobre Alberto Casero tenía que apretar uno de los dos botones, se hizo un lío y pulsó el equivocado. Esto es directamente una dejación de la función que tienen encomendada y por la que cobran un sueldo público.
Igual que los grupos parlamentarios multan a sus diputados cuando rompen la disciplina de voto que conviene al jefe, podrían sancionar a los que no se leen los papeles que votan y que después se convierten en leyes.
En cualquier caso, el argumento de la enmienda es debatible. El posicionamiento político para sostener que no se cumpla condena dos veces en dos países distintos es defendible. Lo mismo que el contrario. El problema es, precisamente, que no ha existido debate. Se ha hecho de tapadillo en un país que acostumbra, cada vez más, a resolver los asuntos públicos fuera de los foros y los órganos establecidos.
La vicepresidenta Yolanda Díaz dice ahora que es una cuestión de aplicar una directiva europea y de derechos fundamentales. Y es cierto. Igual que mantener la ley tal y como estaba también encajaba en el marco comunitario y estaba avalado por los tribunales. En definitiva, es una voluntad del legislador; hacer una cosa o la contraria.
Todo depende de lo que se pretenda. Y de lo que convenga.