Esperanza perdida

Semana convulsa, especialmente para las huestes del Partido Popular, con el anuncio de la próxima declaración ante la Audiencia Nacional de Mariano Rajoy como testigo del ‘caso Gürtel’, y luego el terremoto de una nueva operación anticorrupción, cuyo epicentro se sitúa en Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, además de otros varios detenidos acusados por el juez de «organización criminal», expresión que recordarán los lectores de Granada cuando hace un año fue detenido el alcalde Torres Hurtado y otras 16 personas. Aunque siempre hay que apelar a la presunción de inocencia, ahora nadie ha sido capaz de refutar la inmediata suspensión de militancia del PP de quien fuera sucesor y mano derecha de Esperanza Aguirre.

La contundencia judicial revela una responsabilidad política ineludible «porque la corrupción nos ha hecho mucho daño», dijo el mismo Rajoy. Ahora Esperanza Aguirre está perdida o en el limbo, aunque su honestidad y honorabilidad nadie las ponga en duda, porque no se trata de meter la mano en la caja sino que otros lo hayan hecho en beneficio propio, al dilapidar fondos públicos o no cumplir con la responsabilidad in vigilando. No es el primer detenido o encarcelado del entorno más cercano de Aguirre. Las consecuencias de este caso están todavía por ver, pero parece obligada su dimisión como cargo político al frente del grupo municipal madrileño, por mucho que haya sido votada por los ciudadanos. La corrupción alrededor del Partido Popular de Madrid no parece que fuera algo puntual sino más bien sistémica y arraigada por parte de demasiados dirigentes, con las ramificaciones de la Gürtel o las tarjetas black, la Púnica, con Francisco Granados, ex secretario general del partido y ex consejero de Presidencia, en prisión preventiva desde hace más de dos años, y ahora este presunto saqueo del Canal de Isabel II. Es de elogiar la actuación de la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, al trasladar desde el primer momento a la Fiscalía toda la documentación sospechosa.
Sin embargo el recién estrenado fiscal jefe anticorrupción ha complicado el escenario en su intento de frenar a los dos fiscales encargados del caso y oponerse a algunos registros. La sombra de la presión política menoscaba aún más la credibilidad de la ciudadanía ante sus representantes y debilita a todas las instituciones democráticas.
La implicación de empresas es otro iceberg sobre el que hace falta mucha luz. En esta ‘operación Lezo’ se investiga a algunas sociedades, pero en otros casos anteriores han salido bastante indemnes cuando han podido tener su grado de responsabilidad con las famosas comisiones para conseguir obras, contratos o concesiones. Junto con la financiación de partidos y la responsabilidad patrimonial personal son una asignatura pendiente que los propios partidos deberían desarrollar legislativamente, en aras de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Por último, al cumplirse estos días 25 años de la celebración de la Expo de Sevilla y la puesta en marcha del AVE se pone de manifiesto el gran déficit en infraestructuras, especialmente ferroviarias, que padece Granada, Jaén y Almería. Aquí vamos con mucho retraso. ¿No les parece?

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