El líder de Podemos es sagaz y ha visto esta semana la posibilidad de encumbrarse con la propuesta de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno. La iniciativa parlamentaria es totalmente legítima y cada formación es muy libre de acudir a ella por las razones que considere oportunas. Bastan 35 firmas de diputados, un candidato y ganar la votación por mayoría absoluta. Hay dos antecedentes desde la recuperación democrática de España. Cuando en 1980 Felipe González se presentó frente a Adolfo Suárez, el objetivo del líder socialista era que la sociedad le visualizara como alternativa real y lo consiguió, llegó a Moncloa dos años después. La segunda, en 1987 la Alianza Popular dirigida entonces por Antonio Hernández Mancha sólo logró un fracaso estrepitoso, hasta el punto de que su promotor salió de la política y su partido tuvo que refundarse.
Ahora Pablo Iglesias intenta erigirse como líder de la oposición ante la situación del Partido Socialista, en manos de una gestora y enfrascado en el proceso de elección de su secretario general. La iniciativa, más contra el PSOE (que ha cerrado filas y no se ha dejado engañar por el señuelo) que contra el PP, no prosperará, aunque la propuesta derive por estrambotes como el de presentar a un candidato independiente. Podemos pretende ocupar espacios mediáticos, su propia promoción, apenas cuatro meses después de unas elecciones.
El PP padece el azote de la corrupción propiciada por algunos desalmados que se han enriquecido a costa del erario público, pero el espectáculo del ‘caso Lezo’ no tiene precedentes en cuanto a la injerencia de estos presuntos delincuentes y sus entornos hacia el poder judicial, el ministerio público, las fuerzas de seguridad o periodistas. Las escuchas a Ignacio González para conseguir influencias son vergonzantes, hasta el punto de afirmar: «El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte: o los tienes controlados o estás muerto». Afortunadamente, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid no controló lo suficiente o se ha encontrado en el camino con profesionales que no se dejan presionar.
Rajoy ha sido contundente con «el que la hace la paga» y hasta parece gozar del don de la ubicuidad al ser capaz esta semana de viajar a Iberoámerica y obtener el apoyo de los nacionalistas vascos para aprobar los Presupuestos Generales. Y, además, rebosa optimismo sobre la recuperación económica y la creación de empleo.
Permítanme que acabe con una cuestión que no es localista para Granada, como es la puesta en marcha de las nuevas salas del TSJA. Cuando existen razones técnicas objetivas que señalen que su desplazamiento a Sevilla y Málaga no mejora el funcionamiento de la Administración de Justicia, se crea un problema en la conciencia ciudadana que antes no existía. Gracias a que la decisión final tiene que ser del Gobierno, el mismo Ministerio debe atender lo que parece un desaguisado a todas luces que vulnera el espíritu del Estatuto de Autonomía andaluz y significa un agravio para Granada. Ni la influencia ni los intereses corporativos o personales pueden prevalecer en las relaciones entre política y justicia.
¿No les parece?