EL GRITO DE LOS ARQUITECTOS…

Hace días reflexionaba sobre la responsabilidad que tienen las administraciones públicas en favorecer reglas del juego que sean justas. Y específicamente hablaba de los abusos en los que incurren al “contratar toda clase de servicios con unos precios muy reducidos que no guardan relación alguna con las contraprestaciones exigidas que las empresas”, lo que a la postre se traduce en una condiciones laborales muy difíciles y exigentes para el último eslabón de la cadena: los trabajadores. “Y es que en los concursos públicos siempre el principal elemento a tener en cuenta es la baja económica quedando en segundo plano la calidad del servicio exigido, a sabiendas de que aquello de bueno, bonito y barato no existe.

QUE LUEGO PASA LO QUE PASA

Y hoy quiero seguir recalando en la misma cuestión a raíz de un “grito” que la arquitecta onubense Alicia de Navascués (una de las voces más valientes y comprometidas que conozco) difundía en las redes sociales: ya que en la adjudicación de un concurso (En este caso de la Junta de Andalucía) para la redacción de un proyecto y la dirección de las obras de un Colegio en Huelva,“el equipo adjudicatario ha ofertado un 44,5% de baja en los honorarios comprometiéndose además a asesorar de forma gratuita durante 10 años sobre cualquier requerimiento o duda que surja a lo largo de la vida del edificio, superando con creces las responsabilidades que tenemos establecidas por ley en el ejercicio de nuestra profesión de Arquitectura”. Por tanto, un ejemplo más, clarísimo, sobre la perversión que supone la eliminación “real” del concepto de “baja temeraria” en los concursos públicos.

“¿Y hasta dónde es capaz de llegar la Administración en su presión y chantaje a los profesionales de la Arquitectura, aprovechándose de la mala situación de nuestra actividad?” ¿Seguirá aplicando unos pliegos leoninos, que equiparan el ejercicio intelectual de creación, diseño y cálculo de los profesionales cualificados con los criterios economicistas propios de las empresas constructoras? Y es que estos métodos “están excluyendo de la actividad a profesionales de excelente solvencia, acreditada por su trayectoria de décadas, y en el momento que acumulan su mayor conocimiento y experiencia.”

 

Es la mentira de la libre competencia y de la competitividad “que se mide sólo en lo económico, en lo más barato, y no en calidad. Aunque la Unión Europea determina la derogación de las tarifas de honorarios mínimos, Alemania las mantiene actualmente para ingenieros y arquitectos alemanes ejerciendo en su país, justificándolas en la altísima responsabilidad de su práctica profesional.”

Y pensé qué hoy, en lugar de hablar yo, era mejor que me hiciese eco a algunos de los comentarios que ha recibido ese grito de Alicia:
una vergüenza que las administraciones públicas se aprovechen malvadamente de las circunstancias de crisis
– no se está aplicando adecuadamente la Ley de Contratos del Estado para la justificación de las bajas desproporcionadas
– que el resto de la sociedad sea consciente de la deriva que llevamos los arquitectos
– ¿Pero no es ilegal además de immoral?
– ¿Algún organismo como el Defensor del Pueblo no puede intervenir en estas cuestiones?
– Es sorprendente que ningún Colegio de Arquitectos haya impugnado las licitaciones por este motivo

Así que, como os decía hace unos días… ¡Luego pasa lo que pasa!

3 Comentarios

  1. Totalmente de acuerdo. Pasa igual con la Medicina, las aseguradoras.
    Por que no actuan los colegios?, pues Juan Carlos, porque a los tres dias de ser nombrados, los presidentes colegiales estan de comida y cena con la administracion de turno. Es decir, como ocurre en democracia, la culpa la tenemos los electores. Duele pero es asi. Un abrazo

  2. Duele mucho decirlo… en efecto… pero así es… Yo tampoco me siento representado por mi colegio profesional. Un abrazo JoseManuel

  3. Si mal no recuerdo, hace unos meses entró en vigor directamente una directiva europea que afectaba a la ley de contratos (ya que como de costumbre, nuestros políticos habían superado el tiempo que tenían para adaptar la legislación nacional a la europea). En esta disposición se incidía en la exigencia de la oferta técnica junto a la económica en los concursos, además de un racional peso entre ambas, evitando la “subasta” pública. También se hablaba de la creación de un banco de precios único para todas las administraciones, de modo que el precio de licitación no pudiera variar de forma tan acusada para obras o proyectos similares en ciudades o comunidades distintas.

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