Los bancos, a pesar de todo, siguen prefiriendo el ladrillo y la lógica está en la propia normativa que protege con celo los intereses de la banca por encima de los del hipotecado. Se trata de una ley con casi un siglo de vigencia, realizada en un contexto social y económico muy diferente al actual, en el que el crédito era de acceso exclusivo a la clase empresarial y acomodada. En ningún momento fue concebida para su uso generalizado entre la ciudadanía. Se trataba de una ley entre empresas y no entre empresas y ciudadanos.