La crisis golpea en bloque, en el de pisos, en la comunidad, la que garantiza que la escalera esté limpia, que haya luz y que las macetas estén cuidadas y nos dé la impresión de que vivimos en un sitio con vida y alegría.
La crisis entra por debajo de la puerta de las familias y se divide en dos tragedias. La primera es la de quien no tiene, no le alcanza para pagar el recibo de la comunidad. La segunda es la que padece como consecuencia el vecino de la puerta de al lado, que ve peligrar parte de su bienestar al ver cómo las cuentas de la comunidad de vecinos entran en números rojos por culpa de la morosidad.
Los datos de la morosidad en Granada son ya terribles. En 2009, en un magnífico reportaje de mi compañera María Victoria Cobo, se informaba que la morosidad en las comunidades de vecinos alcanzaba a 4.000 bloques, donde al menos uno de los vecinos había comenzado a dejar de pagar las cuotas.
«A mitad del año 2009 eran ya casi cuatro mil edificios de viviendas los que tenían algún residente que no ponía su parte, por ejemplo, para el arreglo de las zonas comunes. Este número –en concreto 3.890–, suponía entonces el 15% del total de bloques de pisos que hay en Granada, 25.933 en todo el territorio provincial. Los datos proceden de la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda, Arrenta, que efectúa estudios a nivel nacional para comprobar el efecto de la crisis sobre estas cuotas vecinales».
La media de impagos se calculó entonces en un 5%, por lo que tres años después la proyección es que afecta al doble, es decir, al 30%, unos 8.000 bloques de vecinos en la provincia de Granada.
Estos datos, lejos de haber terminado su escalada, afrontan todavía con toda probabilidad su peor futuro. 2013 puede ser terrible y ya hay casos, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, donde se cree que va a afectar a la mitad de las familias.
Hay otro problema añadido. El proceso de denuncia ahora cuesta dinero, para complicar aún más esta tragedia. La inminente entrada en vigor de las nuevas tasas judiciales, que también gravarán a las comunidades de propietarios que acudan a la justicia para reclamar cuotas impagadas, complica todo aún un poco más.
Por ello, explica el presidente de los administradores de fincas de Granada, desde el colegio profesional se está promoviendo un sistema de arbitraje en Andalucía.
