Hay veces en las que la Democracia a pie de barrio te arrancan una sonrisa. La junta municipal de distrito (JMD) de la Zona Norte que ayer se celebró en el Centro Cívico fue modélica. Se trabajó de forma conjunta, se escucharon los ruegos y se respondieron preguntas, se tomaron decisiones y se votó y se aprobó por unanimidad un proyecto.
El proyecto en cuestión es destinar una parte de la subvención del área de Cultura de la JMD para organizar un torneo deportivo anual, que cuente con una actividad de convivencia y participación. Se celebrará un año en cada uno de los siete barrios que componen el distrito.
También se anunció un proyecto de actuación integral en el barrio, que sugirió la concejala socialista Jemi Sánchez y que el presidente de la jmd, el concejal del Partido Popular Jorge Saavedra, ha desarrollado con especial diligencia.
Se trata de que cada una de las acciones que se realice en el distrito Norte, sea colocar unos bancos o sea asfaltar todo un vial, vaya acompañada de una acción educativa e informadora a todos los niveles para lograr que los vecinos sean la primera línea de conservación del patrimonio mobiliario de estos barrios. Un patrimonio que sufre demasiado a menudo la acción del vandalismo y afea la imagen de la Zona Norte.
Por último se anunció también que el Ayuntamiento de granada ha decidido cambiar el uso del llamado Barranco de San Jerónimo, que pasará a ser de dominio público y destinado a ser una zona verde de recreo y esparcimiento con áreas reservadas para futuros centros educativos.
En suma, la Zona Norte se convierte de esta forma en una suerte de modelo de participación ciudadana donde los problemas de los barrios, poco a poco pero sin pausa, se van resolviendo.
La Junta Municipal de Distrito de Albaicín celebrada en Haza Grande la semana pasada tuvo momentos de tensión. Uno de ellos fue cuando se enzarzaron los concejales Juan García Montero (Partido Popular) y Francisco Puentedura (Izquierda Unida) por su distinto enfoque respecto a las cuevas del Cerro de San Miguel.
García Montero sostuvo que el Ayuntamiento quiere solucionar el problema e insistió en que no se puede consentir que la gente viva en estas actuales condiciones en las cuevas. Puentedura sostiene que se necesita ofrecer una solución integral. Fue entonces cuando García Montero responsabilizó a Puentedura, por su postura, de que si alguna vez ocurre alguna desgracia personal la responsabilidad será de Izquierda Unida, a lo que el edil de IU respondió negando repetidas veces con su cabeza.
La cuestión es que el Ayuntamiento de Granada no deja de explicar que «las cuevas corren riesgo de derrumbe y que hay peligro inminente». Sin embargo, han pasado siete años desde la primera tentativa de desalojo. Fue una mañana fría de un 12 de enero de 2007 cuando la Policía Local, con un gran despliegue de fuerzas en previsión de altercados con los pobladores, entregó las notificaciones en las que se comunica la obligación de abandonar la cueva en un plazo máximo de 48 horas, en cumplimiento de un decreto firmado por el alcalde que pretendía en aquel momento acabar con los problemas de salubridad y de seguridad de las propias cuevas para que no hubiera derrumbes que podrían poner en peligro toda la ladera. Tal cual.
No pasó nada y la tentativa de desalojo se quedó en un mero intento. Tuvieron que pasar tres años y tres meses completos –desde enero de 2007 hasta abril de 2010–, para que volviera a escucharse la letanía de los desalojos en las cuevas. Y esta vez, con más contundencia si cabe: «El futuro inmediato de las cuevas del cerro de San Miguel está decidido. Serán cerradas y rellenadas con arena. Lo ha dicho la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto», se informaba entonces. Consideraba la concejala de Urbanismo que «después de desalojarlas hay que rellenarlas con arena, porque es la única opción para evitar que los ‘okupas’ se hagan de nuevo con ellas. Las tapias, vallas o precintos no sirven para nada».
Además, con transparencia absoluta, se añadía que «el Ayuntamiento está plenamente decidido a tomar cartas en este asunto, aunque para ello tiene que esperar a disponer de la propiedad de los terrenos y sus cuevas. El plan especial del Cerro de San Miguel tiene que hacerse realidad, reconvertirlo en una zona para el paseo y el ocio y eliminar el foco de inseguridad e insalubridad».
¿Qué sucedió? Ni arena, ni sellado, ni tampoco desalojo alguno. Sin embargo, la maquinaria judicial se puso en marcha y, un 21 de julio de 2011, se resolvió uno de los grandes enigmas y la propiedad de las cuevas de San Miguel fue desvelada. «De las 64 existentes en la ladera que cae desde la ermita hacia el Albaicín, 57 son propiedad del Ayuntamiento de Granada y solo siete resultan tener propietarios privados».
El siguiente paso previsto era que el pleno aprobara esta delimitación de las propiedades para proceder al desalojo de las cuevas que están ocupadas de forma ilegal, «pero de forma tranquila y progresiva, e intentaremos aprovechar que sus ocupantes se marchen para intervenir y cerrar las cuevas».
Vaya por delante mi felicitación al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, personificado en los concejales Juan García Montero y Fernando Egea, al haber logrado solucionar el problema generado al trasladar el centro de servicios sociales del Albaicín desde el centro cívico de la plaza de Aliatar hasta el edificio de usos múltiples que, compartido con los artesanos, se encuentra en el callejón del Gallo al que se accede desde San Miguel Bajo.
Ayer anunciaron que se traslada, de nuevo, esta vez a la carretera de Murcia, a las escuelas del Ave María, un edificio que se ha adaptado con el visto bueno de los técnicos de la Junta de Andalucía, que está en una zona accesible para todos los habitantes del distrito Albaicín, que se compone además por Sacromonte, Haza Grande y El Fargue. Y que cuenta con una parada de autobús con tres líneas en su misma puerta.
Los vecinos, reunidos en la junta municipal de distrito que ayer por la tarde se celebró en la sede vecinal de Haza Grande, coincidieron en que era un acierto completo.
El problema que queda por el camino es el de los dineros y el de una población que ha estado mal atendida durante demasiado tiempo pese a las continuas protestas vecinales y las críticas de la oposición.
Todo empezó en marzo de 2011, es decir, tres años completos hasta que esta primavera esté terminado el traslado a la carretera de Murcia, como informaron ayer los concejales del Partido Popular. Demasiado tiempo para algo tan sensible y delicado como es la atención a las personas que requieren los servicios sociales municipales.
El aterrizaje forzoso de los servicios sociales en el edificio del Gallo se convirtió en un rosario de quejas, protestas y críticas que arreciaron por todos los lados.
En efecto, se informaba entonces, en abril del año 2012, que el centro comunitario de servicios sociales del Albaicín «no tiene autorización de funcionamiento». La ‘sentencia’ la firma la Junta de Andalucía con la forma de un informe realizado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, cuya Inspección de Servicios Sociales tiene competencias para comprobar la aplicación de la normativa legal.
Hay más. La inspección realizada durante el mes de febrero y el acta de inspección, con firma de 12 de marzo del presente año, comprueba que «no existe reglamento de régimen interior», «no consta en el tablón de anuncios toda la documentación exigida», «no existe manual de autoprotección o no está implantado» o «no se cumple el decreto de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas».
Al final queda que el Ayuntamiento de Granada tendrá que pagar por la nueva sede en las escuelas del Ave María de la carretera de Murcia una renta de 3.000 euros al mes, lo que suman 36.000 euros al año, más las obras de adaptación del edificio, que anuncian que no son demasiado complicadas, pero que a preguntas del PSOE y de IU, no responden cuánto van a costar.
Queda para la pequeña historia local el tanto que se apuntan Fernando Egeo y Juan García Montero, concejales del Partido Popular, al haber solucionado este problema. Y queda en el debe de la gestión un traslado de unos servicios sociales que en tres años tendrán tres sedes diferentes -plaza de Aliatar, callejón del Gallo y carretera de Murcia-, para terminar costando a las arcas municipales, esto es, el bolsillo de los granadinos, 36.000 euros al año.
El Ayuntamiento está cambiando el modelo de subvención de los actos culturales en los barrios. Apuesta por una «concurrencia competitiva»
La programación cultural en los barrios sale a subasta. La Concejalía de Participación Ciudadana está cambiando el modelo.
La modificación que va a realizar el concejal Vicente Aguilera es que las asociaciones de vecinos van a tener que competir entre ellas por la financiación de los actos culturales que se celebren en sus barrios.
«Habrá un baremo que será público con el que se puntuarán las propuestas que recibimos para la celebración de las actividades culturales en los barrios. Y todas las propuestas que aprueben el baremo tendrán su financiación, porque se repartirá el total de la partida presupuestaria entre todas ellas».
La concejala socialista Ana Muñoz Arquelladas no está tan convencida con esta medida: «Esta decisión, una vez más, nos pone en alerta. El hecho de pasar de un reparto equitativo del dinero en función del número de habitantes, como estaba hasta ahora, a que se proceda a una concurrencia competitiva, a primera vista nos parece negativo».
Izquierda Unida cree que «este cambio esconde un recorte. Participación Ciudadana siempre ha tenido dos partidas. Primero estos 50.000 euros. Segundo, subvenciones a las actividades del área, con una cifra variable de 30 a 40.00 euros, destinadas a los colectivos que no eran estrictamente asociaciones de vecinos, podían ser juveniles de mujeres pero que el ámbito era fomentar la participación. Así que lo deja en 50.000 euros con criterios que no son objetivos, al ser peticiones va a ser el equipo de gobierno el que diga ‘a este más’, ‘a este sí o no’, en función de sus preferencias».
El año empieza con la ecuación un barrio, un objetivo, una protesta. La Chana pasa a la acción por el AVE y parece que van todos, juntos y en serio. Por la senda de los pasquines, de las firmas, de las asambleas, de los apoyos, de los compromisos pero, por si acaso, aclaran antes que nada que «están dispuestos a todo».
Y cuando un chanero te dice en La Chana que por su barrio y su futuro va «a por todas», como que te lo puedes llegar a creer.
Su campaña es para impedir la ejecución de esta solución y para que todo se haga bien y soterrado. Por el futuro, por La Chana y por Granada.
Es un poco David contra Goliat, La Chana contra el Ayuntamiento y, ahí es nada, el Gobierno, ambos con inmensas mayorías absolutas para hacer y deshacer.
Pero es que el partido entre David y Goliat se juega en La Chana.
CRÉDITOS
-La fotografía es del compay Alfredo Aguilar
