La Junta Municipal de Distrito de Albaicín celebrada en Haza Grande la semana pasada tuvo momentos de tensión. Uno de ellos fue cuando se enzarzaron los concejales Juan García Montero (Partido Popular) y Francisco Puentedura (Izquierda Unida) por su distinto enfoque respecto a las cuevas del Cerro de San Miguel.
García Montero sostuvo que el Ayuntamiento quiere solucionar el problema e insistió en que no se puede consentir que la gente viva en estas actuales condiciones en las cuevas. Puentedura sostiene que se necesita ofrecer una solución integral. Fue entonces cuando García Montero responsabilizó a Puentedura, por su postura, de que si alguna vez ocurre alguna desgracia personal la responsabilidad será de Izquierda Unida, a lo que el edil de IU respondió negando repetidas veces con su cabeza.
La cuestión es que el Ayuntamiento de Granada no deja de explicar que «las cuevas corren riesgo de derrumbe y que hay peligro inminente». Sin embargo, han pasado siete años desde la primera tentativa de desalojo. Fue una mañana fría de un 12 de enero de 2007 cuando la Policía Local, con un gran despliegue de fuerzas en previsión de altercados con los pobladores, entregó las notificaciones en las que se comunica la obligación de abandonar la cueva en un plazo máximo de 48 horas, en cumplimiento de un decreto firmado por el alcalde que pretendía en aquel momento acabar con los problemas de salubridad y de seguridad de las propias cuevas para que no hubiera derrumbes que podrían poner en peligro toda la ladera. Tal cual.
No pasó nada y la tentativa de desalojo se quedó en un mero intento. Tuvieron que pasar tres años y tres meses completos –desde enero de 2007 hasta abril de 2010–, para que volviera a escucharse la letanía de los desalojos en las cuevas. Y esta vez, con más contundencia si cabe: «El futuro inmediato de las cuevas del cerro de San Miguel está decidido. Serán cerradas y rellenadas con arena. Lo ha dicho la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto», se informaba entonces. Consideraba la concejala de Urbanismo que «después de desalojarlas hay que rellenarlas con arena, porque es la única opción para evitar que los ‘okupas’ se hagan de nuevo con ellas. Las tapias, vallas o precintos no sirven para nada».
Además, con transparencia absoluta, se añadía que «el Ayuntamiento está plenamente decidido a tomar cartas en este asunto, aunque para ello tiene que esperar a disponer de la propiedad de los terrenos y sus cuevas. El plan especial del Cerro de San Miguel tiene que hacerse realidad, reconvertirlo en una zona para el paseo y el ocio y eliminar el foco de inseguridad e insalubridad».
¿Qué sucedió? Ni arena, ni sellado, ni tampoco desalojo alguno. Sin embargo, la maquinaria judicial se puso en marcha y, un 21 de julio de 2011, se resolvió uno de los grandes enigmas y la propiedad de las cuevas de San Miguel fue desvelada. «De las 64 existentes en la ladera que cae desde la ermita hacia el Albaicín, 57 son propiedad del Ayuntamiento de Granada y solo siete resultan tener propietarios privados».
El siguiente paso previsto era que el pleno aprobara esta delimitación de las propiedades para proceder al desalojo de las cuevas que están ocupadas de forma ilegal, «pero de forma tranquila y progresiva, e intentaremos aprovechar que sus ocupantes se marchen para intervenir y cerrar las cuevas».
Dos años y medio después llegamos a diciembre del presente 2013. Las cuevas siguen abiertas y con sus moradores. Se ha notificado el desalojo por enésima vez y los políticos de Izquierda Unida han hecho causa principal con el cerro de San Miguel mientras que el propio Ayuntamiento de Granada ha pedido amparo judicial para poder, por fin, desalojar las cuevas.
Ahora, ya en febrero, todas las opciones siguen abiertas sieta años largos después.
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CRÉDITOS
-La fotografía es de Alfredo Aguilar
