Seguimos instalados en los vaivenes de la crisis. Ya conocemos los informes de los auditores independientes y el Gobierno pedirá formalmente esta próxima semana el crédito para la banca española. Como falta por determinar la fórmula y condiciones, todavía los mercados se aprovecharán de las incertidumbres. Ya veremos lo que pasa cuando se conozcan las condiciones referidas al plazo en años para la devolución, si se incluye un periodo de carencia, y cuáles serán los intereses que habrá que pagar, sin olvidar que los prestatarios quieran actuar en determinados aspectos de la gestión o de la gobernanza de las entidades ‘rescatadas’.
Resuelto ha quedado esta semana el ‘caso Dívar’ al producirse su dimisión. Tarde ha llegado. El daño de imagen de la llamada cuarta autoridad del Estado ha provocado también un deterioro de una institución como el Consejo General del Poder Judicial, pero tiene efectos colaterales en todas, así como entre los servidores públicos, especialmente en la clase política y judicial.
Precisamente, esta semana el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha saltado a los medios de comunicación con motivo de la presentación de su informe de gestión, correspondiente al año pasado, ante la Comisión pertinente en la Cámara Autonómica. Chamizo fue claro y contundente. Reprendió a los parlamentarios con una buena bronca: «Hay que hacer un ejercicio de buena voluntad y avanzar para resolver los problemas del personal, pues la vida se nos va a veces en la pelea, y la gente está muy enfadada, hasta el gorro de todos ustedes».
Muchos diputados regionales han expresado su malestar por estas palabras, al considerar injusta una desconsideración tan general a la clase política. Argumentan que no es muy acertado acrecentar este tipo de críticas, en unos momentos en los que los gestores públicos se encuentran en la picota y son sumamente cuestionados.
Creo que hay razones para las críticas, especialmente por la falta de acuerdos y de consensos, cuando hacen más falta que nunca a la hora de transmitir imágenes de unidad, pero también es verdad que no resulta del todo ético ni estético que lo pronuncie un cargo de extracción parlamentaria, y menos todavía cuando lleva ya casi dieciséis años en él, ya que de la misma manera en esas descalificaciones se pueden incluir a quienes se perpetúan y a los que cuestionan la duplicidad de esa institución.
En esta época son imprescindibles los ejercicios de transparencia en la actividad pública. Por eso aplaudo la reciente constitución de la Comisión de Investigación sobre los ERE, sobre todo que las sesiones no se celebren a puerta cerrada, lo que permitirá la asistencia de los medios de comunicación. Es una buena noticia. ¿No les parece?