El Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó el nuevo decreto sobre las cajas de ahorro. Un episodio más de la depauperación de un sistema casi condenado a desaparecer, salvo muy honrosas excepciones. La idea fundacional de las cajas de ahorros era desarrollar unas instituciones financieras públicas, sin ánimo de lucro, no obligadas a repartir beneficios, sino al apoyo de la colectividad más cercana o necesitada.

Las cajas eran hasta hace muy poco un instrumento fundamental del sistema financiero español, con una cuota del cincuenta por ciento, muy arraigadas entre familias, pequeños ahorradores, empresarios de escasa dimensión y gran número de autónomos. En las últimas décadas cayeron en manos de los partidos políticos, como arma para ejercer un poder económico, capaz de comprar voluntades y servir de oficina de colocación para muchos de sus miembros. Unos ejercieron con mayor o menor profesionalidad, conocimientos, escrúpulos, o no tuvieron pudor alguno. En muchos de los casos gozaban de retribución en sintonía con el sector privado, cuando la comparación se hace insostenible.
La burbuja, el todo vale y la barra libre sirvieron para que muchos de sus responsables se enriquecieran personalmente, gocen de pensiones de oro o arruinaran a sus instituciones con apuestas, compras e inversiones ridículas e insostenibles. Insisto en que, como siempre, unos lo hicieron mejor y otros peor.
En el caso de Granada no todo fue mal pero tampoco lo suficiente bien. Con la crisis, presiones europeas y bancarias,el camino en solitario resultaba imposible. Las fusiones encaminadas a consolidarse en bancos eran inevitables y se optó por un grupo que parecía complementario e idóneo, aunque luego algunos de los socios tuvieran algún que otro cocodrilo bajo las alfombras.
Esas irregularidades en las cajas han aflorado y están en plena ebullición, por distintos motivos. Hay quien se encuentra en la cárcel y son más de cien los directivos de este sector los imputados, acusados o investigados por presuntos delitos. En esa situación no hay nadie de CajaGranada.
La entidad ha tenido que someterse a un severo plan de ajuste, sufrir una drástica reducción de plantilla para lograr más eficiencia y seguir dando trabajo a más de mil quinientas personas, desde la franquicia de un banco con mayoría de participación del Estado. Y continuar como líder en esta provincia, pese a la batalla que se libra en el mercado con entidades procedentes de otras comunidades. Aunque redimensionada, merece la pena que CajaGranada perviva como entidad andaluza y sea todavía lo más autónoma posible, que sus fundamentos, como la obra social o el monte de piedad, continúen ejerciendo su papel y sus dirigentes se esfuercen en mantenerse apegados a esta tierra y servirla. Es un ejemplo que su presidente, Antonio Jara –quien ha tenido que pilotar esta etapa de dificultades en la que lo fácil hubiera sido entregar la cuchara– siga trabajando con plena dedicación y sin coste para la caja ni para el banco, ahora que ha iniciado los trámites para su jubilación como profesor universitario. CajaGranada es más andaluza que Cajasol (El Monte y San Fernando) o CajaSur. ¿No les parece?