Nos hemos cansado de escuchar que llegaba un tiempo nuevo a la hora de hacer política, pero esta semana hemos sido testigos de comportamientos que nada tienen que ver con ello. La forma de intentar resolver Pablo Iglesias la crisis de Podemos, con el cese fulminante de su secretario de organización mediante una breve nota emitida con nocturnidad, rememora métodos autoritarios que dejan muy claro quién es el que manda. Resultan lejanas sus críticas al bipartidismo y eso de estar con la gente. La nueva política se ha convertido en vieja muy pronto. La ‘solución Echenique’ parece responder a un golpe de timón a babor, hacia la izquierda más radical. Me preocupa que los que están contra el sistema quieran entrar en él para destruirlo. Un camino es facilitar o entrar en el gobierno y convertirse en un caballo de Troya.

Esperábamos una política construida con entendimientos, diálogos y pactos. Nada más lejos de la realidad. A falta de acuerdo para una investidura, ahora se pone la manguera de la gasolina sobre el fuego y se abre un conflicto institucional entre el Congreso y Gobierno, algo inédito en nuestra democracia. El enfrentamiento, de no solucionarse, es posible que acabe en el Tribunal Constitucional.
Lamentable que el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, tenga que recurrir al primer ministro griego, Alexis Tsipras, para que interceda en su favor ante Pablo Iglesias y le permita formar gobierno. Todavía peor que Rita Barberá se aferre a su escaño senatorial, con el daño que eso supone para el PP, que se ha conformado con abrir un expediente. Es verdad que la ex alcaldesa de Valencia no tiene una sentencia judicial que haya dictado su culpabilidad, como ocurre con los dos anteriores presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que este miércoles acudieron al juzgado de Sevilla, pero ambos han pagado su responsabilidad política alejándose de la vida pública. Como también lo ha hecho el secretario general de los socialistas gallegos, después de estar imputado-investigado por diez presuntos delitos de corrupción.
Tenemos un gobierno en funciones que considera no debe someterse a control por un Congreso que no lo ha elegido, mientras en la Cámara Baja son incapaces de ponerse de acuerdo tres de las cuatro grandes fuerzas (PP, PSOE y Ciudadanos) en defender una moción sobre algo esencial, la unidad de España.
Se ve que casi todos tienen trapos sucios de los que avergonzarse y eso ante las urnas puede pasarles factura.
¿No les parece?