Ya les dije que había materia informativa sobre la actuación de algunos fiscales y los relevos que se han materializado esta semana en su cúpula. Se han producido cambios envueltos en polémica, como el caso de Murcia, después de que fuera el impulsor de la investigación del ‘caso Auditorio’, que tiene en la picota al presidente de aquella comunidad. El propio cesado denunció haber sido víctima de intimidaciones a la hora de trabajar contra la corrupción. No es el único entre muchos fiscales que piensan así. Incluso el máximo responsable en Baleares llegó a decir: «Los fiscales no son independientes».

Hay quien ha hablado de purga, mientras que el ministro de Justicia –que ha hecho un papelón, calificado de injerencia por el propio Consejo Fiscal– o el mismo presidente del Gobierno se han referido a movimientos normales y reglados que tocaba renovar. Los representantes del ministerio público tienen como misión velar por la independencia de los tribunales y aunque funcionan sujetos al principio de dependencia jerárquica y unidad de acción, también se deben al de imparcialidad. Creo que entre los fiscales, como en cualquier otra profesión, los hay buenos, malos o regulares. Los habrá sumisos, dóciles o rebeldes, pero deben ser valorados por sus comportamientos, hechos objetivos y argumentaciones jurídicas. Hay fiscales que niegan la existencia de dependencia del Gobierno, que nunca han recibido indicación alguna, incluso quien ha sido impulsor y ejemplo en la lucha contra la corrupción al calificarla como una de las formas de crimen organizado. Me lo creo y hay que reconocer sus méritos y valía, pero hay otros –espero que pocos–, como entre jueces, notarios, policías o periodistas, que se dejan influir por posiciones políticas o, simplemente, intereses oscuros. No vale acusar sin pruebas y, en todo caso, hay que denunciar los hechos. Les pongo un ejemplo relevante de lo que debería ser unidad de actuación o permítanme que lo vulgarice como distinto rasero con el que se actúa. Me refiero al caso de un coronel de la Guardia Civil acusado de narcotráfico, en una instrucción de un juzgado granadino tras dos años de diligencias, investigaciones y declaraciones. El ministerio fiscal ha recurrido por generar «indefensión» el inicio del juicio porque no se le notificó el sobreseimiento de otro de los investigados, un guardia civil, acusado de manera superficial y sin que se aporten en las diligencias pruebas que lo sostengan, en una clara maniobra de distracción y dilación. Aunque haya habido un error subsanable de notificación, no es entendible que se mantenga la misma situación para ambos cuando contra el coronel han declarado una decena de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, además de varios narcotraficantes y un gran número de testigos. Tampoco es fácil de entender que el ministerio fiscal pida cinco años de cárcel en otro caso que se juzga estos días contra un cabo de la Benemérita por filtrar datos a una banda de narcotraficantes.
Da la impresión, seguro que sin reproche jurídico pero sí desde la crítica ciudadana, que parece haber una vara de medir diferente para los de abajo que para los mandos de una institución, digna de todo el respeto aunque tenga algunas ovejas negras. Honra a quien sabe apartarlas. Con todo esto me planteo que mucho tienen que cambiar las cosas de aquí en adelante para confiar a los fiscales que sean quienes realicen las instrucciones penales. Tampoco entiendo que uno de los magistrados que pudiera juzgar a Chaves y Griñán haya sido un alto cargo de la Junta. En casos similares se han producido abstenciones o recusaciones, por lo que sólo cabe esperar. ¿No les parece?