La cúpula del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza y todos sus barones, se reunió el lunes en Madrid para rearmarse frente a Ciudadanos, que tras haber ganado en Catalunya ha desencadenado un tsunami y se ha colocado con unas expectativas electorales sumamente favorables. Así lo dicen las encuestas y como se gobierna a golpe de ellas, unos se suben a lomos de esa tendencia y otros se suman en la desgracia.
Del pacto de legislatura acordado por PP y Cs se ha pasado esta semana a una relación que se ha dicho «congelada», pero eso es poco. El enfrentamiento entre ambos es manifiesto por ocupar el mismo electorado. Pero ahí no queda todo. Los Presupuestos Generales del Estado han sido el otro frente abierto, unido a que el PNV ha abierto la espita para reivindicar su derecho a decidir y renovar su estatuto de autonomía. Por si fuera poco, Luis de Guindos no ha salido fortalecido de su examen ante el Parlamento Europeo, aunque su nombramiento como vicepresidente del Banco Central Europeo se da por hecho.
La judicialización de los casos de corrupción sigue su cauce y hay quien la utiliza como venganza. Será agua pasada pero convulsiona a los populares, que han respondido con una maniobra de distracción en la comisión de investigación y en el Senado para atacar a Ciudadanos, su actual bestia negra, e intentar salir de su inmovilidad. Prueba de ello es que el Congreso de los Diputados sufre una severa «parálisis» legislativa. Las iniciativas para reformar el Pacto de Toledo sobre las pensiones, educación, ley electoral o la justicia, están atascadas.
En Cataluña los independentistas no encuentran la salida del laberinto, el Gobierno estudia, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, garantizar el castellano en los colegios para aquellas familias que así lo soliciten. No es cuestión menor sino de enorme calado. Supondría un boquete bajo la línea de flotación de los separatistas, pero acabaría con uno de los grandes motores que han utilizado los separatistas como arma ideológica y supremacista. Sería, además, cumplir con diferentes sentencias judiciales, entre ellas del Constitucional, y fundamentalmente que los padres ejerzan la libertad de elección.
Como el Gobierno ha recurrido en los últimos años la forma de preinscripción de las plazas escolares ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ahora tiene la posibilidad de otorgar ese derecho y garantizar su ejecución y desarrollo. Entre la congelación y la parálisis desconozco si se puede abrir paso la valentía. Y sería bueno ver cómo se retratan todos. ¿No les parece?