El Código Penal castiga con penas de 15 a 25 años de prisión a quienes hayan inducido, promovido o sostenido una rebelión. El auto del magistrado del Supremo Pablo Llarena explica con argumentos los indicios para el procesamiento de quienes encabezan el independentismo catalán. La hoja de ruta que se marcaron con la consulta unilateral e ilegal, la declaración de independencia, el período transitorio y la desconexión, proclamaba sus intenciones finales, que no frenaron pese a las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional, que también recoge Llarena, así como los episodios de violencia contra policías nacionales o miembros de la Guardia Civil, ante la vergonzante inacción de los mozos.
La situación es grave no hoy sino desde que los independentistas comenzaron a vulnerar la ley. Están en prisión o fugados por querer imponer una forma de gobierno y la desintegración del Estado. Desesperados, hasta querían colar un gol con un debate de investidura exprés, pero han metido el balón en propia meta. Sabían los riesgos que corrían, a lo que se exponían y ahora lo están pagando. La Justicia cumple con su obligación. La política quizá no haya ocupado el lugar que debería. Unos no han parado de caminar por un suelo que no existía y otros se han quedado petrificados, pero todos tienen su responsabilidad. Si patético fue el discurso de no investidura de Turull, políticamente y judicialmente correcto para salvar cualquier otra acusación, la víspera de su entrada en prisión, no lo es menos la fuga de Marta Rovira, con lo que se demuestra que el juez tiene razón con lo de evitar el riesgo de huida.
La salida del problema creado por unos pocos, localizados y perseguidos por la Justicia, no es fácil y tardará tiempo en cicatrizar las heridas. Lo oportuno es que haya lo antes posible un candidato ‘limpio’ y se constituya un gobierno de la Generalitat. Y a partir de ahí buscar negociaciones y los mayores consensos, pero sin cesiones. Si lo del ‘frente unitario’ significa desafiar nuevamente al Estado, no saldremos de este bucle perverso e irreal que han alimentado los acusados de rebelión y malversación de fondos públicos.
Además del marasmo que vive Cataluña, en el resto de España no contemplamos escenarios demasiado tranquilizadores. Los presupuestos generales no avanzan para su aprobación, aunque la senadora del PP investigada en el caso Púnica renunciara, como exigía Ciudadanos, pero el PNV insiste en una demanda que parece imposible, la derogación del 155 antes de la formación de nuevo ejecutivo catalán.
Los socialistas no acaban de ofrecer una imagen de unidad, después de celebrar unas jornadas sobre buen gobierno, en la que estuvieron ausentes destacados líderes de su partido. Además, han visto que la comisión que promovieron en el Congreso para evaluar el Estado de las Autonomías era abandonada por los diputados de Albert Rivera ante su propio veto a las comparecencias de José Bono o Alfonso Guerra. Lo que podía ser una vía para el encuentro se ha agotado.
Al PP, atenazado por los casos de corrupción que se están juzgando, se le abre otro frente no menor, como son las dudas que rodean a Cristina Cifuentes sobre la obtención de su master, cuyo trabajo de final de curso nadie ha visto.
Por tierras andaluzas, las aguas están más calmadas, con la salvedad climatológica de los daños por desbordamientos en los campos o en las playas por los severos temporales, pero en lo político la presidenta Susana Díaz está consiguiendo una estabilidad ejemplar, que no es poco ante el horizonte de unas elecciones autonómicas a un año vista, como mucho. Ha conseguido abanderar una propuesta de financiación que recoge propuestas de Podemos y apoya el Partido Popular, algo inédito y que parecía imposible.
Es relevante que el empresariado andaluz haya cerrado filas alrededor de Javier González de Lara, al renovar su mandato al frente de la CEA, sin disputa alguna pero con méritos de sobra, como alejar a esta entidad de los graves problemas económicos que padecía y especialmente por recuperar la credibilidad y la buena reputación que había perdido.
Y en Granada ya comienza a ser una realidad el legado de García Lorca. Una larga y triste historia, porque aquí fue asesinado «por personas más o menos conocidas», como dice su sobrina Laura en una entrevista que hoy publica IDEAL. Se pone fin a decenas de desencuentros, problemas y miserias para acoger y mostrar un legado que es familiar, por mucho que el poeta sea universal. Han existido intereses políticos, partidistas y personales, mezquinos y de pillos, pero se abre un espacio donde Federico es más visible aún y enriquece a toda Granada gracias a la generosidad de sus sucesores, no exenta de algunos errores. ¿No les parece?