La campaña electoral empezó con más pena que gloria, sin que se perciba en exceso entusiasmo por la cita a las urnas entre la ciudadanía. Los partidos, en cambio, están volcados en cuerpo y alma. Se juegan el todo por el todo. Entran en juego situaciones personales-laborales mezcladas en mayor o menor medida con la vocación de servicio y determinados ideales. En cualquier caso la democracia se basa en el sistema representativo que parte de los resultados electorales para elegir a sus distintos gobiernos.

Toca votar a los parlamentarios autonómicos. Después serán ellos los que concedan la investidura, o no, a un candidato para presidir la Junta de Andalucía. A partir de ahí se abrirá la legislatura o se convocarán de nuevo elecciones tras agotarse los plazos legales establecidos. Viene a cuento esta explicación por dos razones. Susana Díaz se teme un escenario similar al de 2015, cuando hace tres semanas en la entrevista que mantuvo con este periódico señaló, al referirse a sus adversarios, «que si uno no puede formar gobierno, no puede impedir que se gobierne». Y lo ratifica el resultado del sondeo del CIS conocido este miércoles. Los socialistas necesitan a Izquierda Unida y Podemos (con la duda sobre si esta confluencia se atrevería a plantear dárselo a otro socialista que no fuera Díaz) o a Ciudadanos, que ha hecho bandera de esa negativa aunque otra cosa es que formara parte del gobierno.
En política casi todo es posible. Las encuestas son encuestas, con o sin cocina, y ya saben mi cautela hacia ellas. Me remito a que en el citado estudio se reconoce un 26 por 100 de indecisos, y que el triple empate que pronostica para el segundo, tercer y cuarto partido es probable por ello que se rompa. La gran incógnita, el orden de llegada, porque nadie duda del triunfo de Díaz. Su gran reválida será aumentar el número de votos con respecto a la anterior convocatoria.
La gran expectación es, por tanto, si el PSOE en Andalucía podrá mantenerse en el poder, en función de pactos y acuerdos. A la vista de lo que le ocurre a Pedro Sánchez, que logró el suficiente respaldo para echar a Mariano Rajoy, pero incapaz de renovarlo de cara a la aprobación de los Presupuestos, no parece nada fácil. El líder socialista tiene resortes suficientes para mantenerse con la prórroga y la aprobación de reales decretos que amplíen recursos económicos a sus anunciadas medidas, como el salario mínimo. La clave es que él ya está en Moncloa y puede seguir mientras no convoque un adelanto electoral, es cuestión de aguantar, mientras que Díaz tiene que renovar como inquilina de San Telmo.
La partida no está cerrada. Sin mayoría absoluta y con la fragmentación de fuerzas es obligado negociar, pactar y ceder.
No parece que a esa cultura estemos acostumbrados, salvo si se trata de repartirse el pastel, como lo han hecho los dos partidos mayoritarios para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y su presidente y del Tribunal Supremo. Unas formas y unos procedimientos lamentables –no entro en la valía profesional de los elegidos– que confirman la intromisión política en la Justicia, que no beneficia a ninguna de ellas, especialmente cuando está tan próximo el enjuiciamiento a los independentistas catalanes. ¿No les parece?