Son muchas las hipotecas que nos rodean. La más grave ha sido la desencadenada por el pleno de la Sala Tercera del Supremo. Tras casi veinte días de incertidumbre, después de congelarse la sentencia de una sección de ese alto tribunal en materia contencioso-administrativa, decidió por escaso margen, 15 votos a favor y 13 en contra, rectificarla y señalar que sean los ciudadanos los que paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. La medida ha supuesto un tsunami político y social y ha logrado el rechazo unánime de los partidos, aunque con distintos matices, pero la peor hipoteca que deja esta resolución es la reputación del Supremo y por extensión de la Justicia. Como muchas cosas en la vida, son las sensaciones y los sentimientos los que imperan.
El juicio previo de la mayoría de los españoles daba por sentado que se ratificaría y los bancos pagarían. Cada uno mira por su bolsillo, luego los políticos se han encargado de dar carrete y se han puesto de perfil cuando en su mano han tenido cambiar la ley en ese sentido e incluso haber eliminado el citado impuesto. La imagen de la Justicia sale muy tocada. Esta semana, además, hemos conocido una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Arnaldo Otegi que no entraba para nada en el fondo de la condena de la Audiencia Nacional sino en la recusación de una jueza que debió ser aceptada. Hay cosas que no bastan serlo sino también parecerlo y más en los tiempos que corren. El respeto a la Justicia debe empezar por ella misma. La judicialización de la política y la politización de la Justicia no son buenos compañeros de viaje en un Estado de Derecho en el que es fundamental la separación de poderes. Estos días los partidos negocian la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Parece que hay acuerdo entre los dos mayoritarios, PP y PSOE, con la suma de Podemos. Ciudadanos ha decidido quedarse al margen por no aceptar la forma actual de elección de sus vocales y preferir una mayor cuota de representación para los propios profesionales de la magistratura, en detrimento de las cuotas partidistas. Tiene bastante sentido si de lo que se trata es sacar la cuchara política de la olla a presión que se ha convertido la Justicia. Y más cuando a la vista tenemos el enjuiciamiento de los independentistas, previsto que comience en la próxima primavera. El proceso y la sentencia resultante supondrán una prueba de fuego para nuestro sistema y fortaleza democrática. Esperemos que todo ello no nos deje alguna hipoteca inasumible. Quien supera mes a mes los vencimientos en la Moncloa es el presidente Sánchez. En todo este episodio es posible que le haya sacado cierta rentabilidad con sus gestos y su expeditiva forma de sacar adelante el decreto ley, que sean los bancos ‘todopoderosos’ los que paguen y no los más ‘débiles’.
Y en Andalucía estamos más cerca de unas elecciones, que no se perciben mucho en la calle, con una Susana Díaz ‘sentada’ en el Senado por el PP en una maniobra de desgaste ante la proximidad de la convocatoria y la apertura de un escenario que no permita formar un gobierno pronto. La negociación, por muy necesaria que sea, no tiene que eternizarse, sino evitar la paralización de una administración algo aletargada e iniciarse cuanto antes una legislatura fructífera para todos. ¿No les parece?