En la década de los ochenta, primero con el gobierno de UCD y después con el del PSOE, se consolidaron en los presupuestos generales del Estado partidas millonarias para subvencionar a los sindicatos. Estas ayudas se justificaron como medio para financiar los gastos originados por la actividad sindical habitual, tales como los arrendamientos de sedes, formación, manutención o transporte.
Para muchos de los sindicalistas históricos de aquella época, este hecho supuso una traición de los partidos “hermanos” (PSOE y PCE) y de los líderes de sus propios sindicatos, ya que consideraban que, de esta forma, se les amordazaba y maniataba para ejercer su deber de libre representación de la clase obrera, sin presiones ni clientelismos hacia gobiernos ni formaciones políticas.
Para otros significó la liberación de sus puestos de trabajo para dedicarse a tiempo completo a las tareas sindicales y, como organización, supuso contar con unos importantes ingresos garantizados cada año, al margen de las menguantes cuotas de los afiliados. Entre ambas posiciones surgió una importante brecha de principios que culminó con la salida de los que no querían tener dependencias ni seguir directrices, líneas rojas u otro tipo de ataduras al gobierno de turno. En aquel momento, a las diferencias entre las distintas facciones ideológicas de la izquierda se sumó una más: los que no querían ser “alimentados” por quienes ostentaban el poder legislativo y ejecutivo. Del político y sindical también mantuvieron sus distancias ya que se les consideró indisciplinados.
Esta historia es una más de las que se han venido sucediendo en el marco de una izquierda ideológica que, para permanecer en el entramado político, ha hecho uso de las mentiras (ahora también llamadas “postverdad”) y del miedo. Antes de continuar, es necesario diferenciar entre lo que las bases de izquierdas aspiran y lo que sus líderes ambicionan. Las primeras están conformadas por todas aquellas personas que creen firmemente en unos principios sociales y económicos que garanticen la igualdad de clases y de oportunidades y la protección de los sectores más desfavorecidos. Los segundos son los que recrean la narrativa ideológica de la emancipación de las clases oprimidas y la liberación de las ataduras que obligan al trabajador a aceptar las condiciones tiránicas de los empresarios, para seguir manejando la voluntad de aquéllas y pelear por formar parte de las estructuras de poder y percibir generosos honorarios públicos.
Para la izquierda actual, desembarazada del marco teórico del postmarxismo y del postestructuralismo (incluso del pensamiento liberal y romántico de J.S. Mill sobre la idea de comunidad y de sociedad), la noción de lo social se transforma en un espacio discursivo en el que el miedo y la mentira (como factores de manipulación) son los pilares del nuevo paradigma que abandona toda corriente intelectual y se sumerge de lleno en la construcción de un modelo hegemónico en el que lo fundamental deja de ser el sentido identitario (universal) de la lucha obrera, casi olvidada, y toma protagonismo la creación de múltiples identidades (particulares) antagónicas que levantan nuevas fronteras internas en la sociedad. Manteniendo, eso sí, el principio leninista del sometimiento del individuo (que pierde su condición de sujeto autónomo de decisión moral) a beneficio de la colectividad utópica.
La creación de múltiples etiquetas para identificar géneros, familias, ciudadanos, profesionales, etc., tiene el objetivo de crear una sociedad como pluralidad de juegos ilimitados del lenguaje, en los que las interacciones solo pueden resolverse mediante el enfrentamiento. El objetivo no es defender al proletariado. El objetivo de la nueva izquierda es crear una sociedad que se constituya en torno a los límites antagónicos de cada grupo, donde las divisiones obedecen al enfrentamiento “nosotros-ellos” haciendo desaparecer todo atisbo de raciocinio del discurso político, más centrado en disparar las emociones que en fortalecer los principios de libertad e igualdad.
Desde el 28M, recibo mensajes de amigos y contactos a favor de la unión de la izquierda. Consignas que promueven un posicionamiento irracional contra el movimiento “reaccionario” que dicen se ha producido en el país y que augura una debacle para los que se autodenominan progresistas (forma eufemística para enmascarar conductas típicas del capitalismo antropológico). Me resulta difícil imaginar la unión de la (actual) izquierda cuando se han empeñado en la atomización de la sociedad y su principal objeto del debate es el “reparto de sillones”; lo cual, una vez más, pone en evidencia que lo urgente no es crear listas conjuntas sino reformular la constitución de un nuevo marco ideológico y sus bases éticas, culturales, jurídicas e institucionales, que recuperen la defensa de las personas como seres únicos, libres e iguales.
Resulta preocupante observar cómo los partidos en el gobierno reclaman ahora la obediencia ciudadana como condición para garantizar su protección frente a la amenaza de la “extrema derecha y la derecha extrema”, haciendo para ello uso del principio de subsidiariedad, es decir, delegando en los ciudadanos la responsabilidad de la defensa a partir del miedo basado en la polarización ideológica y en la protección tribal del “nosotros” frente al “ellos”, y arrogándose sus líderes el papel de salvadores frente a la globalización de los extremismos y lo pernicioso de las grandes corporaciones.
Hablando de empresas, para garantizarse éstas su crecimiento y rentabilidad, han de mantener y ampliar la cuota de mercado, perfeccionar el índice de penetración en ámbitos geográficos y segmentos de población y, por supuesto, mantener el nivel de vinculación y fidelidad de su público objetivo. Si esto lo trasladamos a los partidos políticos o a las ideologías clásicas, e identificamos quiénes son “los clientes” del espectro desde la derecha a la izquierda, la pregunta que surge es ¿a quién le interesa más conservar y ampliar la base de personas económicamente desfavorecidas, de individuos que prefieran la protección del colectivo a asumir el riesgo de sus propias decisiones, de votantes que aspiren a un subsidio del Estado…? La respuesta es preocupante.
José Manuel Navarro Llena
@jmnllena