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“Perdemos dinero”. Así de elocuente titulaba el Pais Digital un artículo esta semana sobre los retrasos de las distintas administraciones con las oficinas técnicas para abonar los servicios prestados a través de contractos públicos, así como las dificultades de acceso a las licitaciones de los profesionales más jóvenes por el procedimiento utilizado en las mismas.

Los arquitectos andaluces denuncian que la Consejería de Educación impone unos plazos y unas retribuciones muy rigurosos a la hora de proyectar sus instalaciones. También denuncian que las contrataciones se centran en estudios de arquitectos con mayor experiencia, lo que lleva a la exclusión de una gran parte del sector. El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA), Luis Cano, señaló ayer que el colectivo que representa desea que «trabajen más arquitectos con una retribución razonable y unos plazos más razonables».

«La deuda de las Administraciones con los arquitectos asciende a 150 millones de euros acumulados en tres años. Las Administraciones acumulan un retraso que llega al límite de la prescripción y que lleva a que estudios de arquitectura estén cerrando y, sobre todo, los estudios de los más jóvenes. Ante estos cierres, grupos de arquitectos jóvenes se agrupan para optimizar costes y prescinden de delineantes, administrativos…», señaló Cano. La mayor deuda se concentra en las Administraciones autonómicas, luego en los Ayuntamientos y, por último, en las instituciones provinciales.

Cano recalcó que «se limita la participación de los arquitectos porque hay unas exigencias económicas y profesionales muy duras«. «Se exige un volumen de trabajo anterior muy amplio. Eso limita bastante cuando hay nuevas generaciones de profesionales. Estos procedimientos dificultan el acceso de nuevos profesionales. Los precios y baremos que utiliza la Administración como base de la licitación están un 50% por debajo de la media de los países homologables a España. Sobre ese 50% se producen bajas temerarias.

«Si las Administraciones públicas no tienen dinero, no podrán hacer determinadas inversiones, pero que no sea a costa del trabajo de los profesionales. Todas las Administraciones tendrían que establecer procedimientos de contratación transparentes que posibiliten la participación de la mayor parte de los arquitectos y establecer plazos razonables y unos honorarios para que los estudios no pierdan dinero», rubricó Cano.

Fuentes de Educación respondieron que la Consejería «se atiene a la más estricta legalidad de la Ley de Contratos». «En muchas ocasiones, en nuestras obras, al ser un servicio público esencial, aprovechamos al máximo la Ley de Contratos. Pero nunca rebasamos la legalidad. Nuestro cumplimiento es absoluto», señalaron las fuentes de Educación.

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