«La Arquitectura Comprometida» + «El Territorio Comprometido»

Hace ya unos años, encontrábame informando planeamiento en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada. Por entonces llegó hasta allí un PGOU, el de La Calahorra, con el que se pretendía dar respuesta, al igual que otros muchos ayuntamientos venían pretendiendo, a las crecientes necesidades expansivas del municipio. Recuerdo que, además de un campo de golf, se buscaba desarrollar un pequeño polígono industrial en la confluencia con la autovía y un gran sector residencial a la entrada del pueblo desde ésta. Por lo demás, nada raro según los parámetros al uso de por entonces.

Si que me llamó la atención la alegación de un ciudadano que, harto de la “rumbosidad” de las administraciones, se quejaba de que después de haber tenido que mover su granja (en explotación) a instancia del Ayuntamiento, ahora se le volvía a obligar a que la desplazase unos metros más allá del pretendido desarrollo, habida cuenta de las posibles  afecciones que pudieran derivarse, y todo ello en el leve transcurso de apenas una década.

Este caso me hizo reflexionar sobre la idoneidad de ciertas actuaciones administrativas, actuaciones que en ocasiones se deciden al estilo en el que fueron diseñados los países de la descolonización africana, es decir, a regla y cartabón, sobre un mapamundi continental y desde kilómetros de distancia. Además, en este caso en concreto, existía el agravante de reincidencia, pues ya se había planificado una anterior ubicación para la citada explotación.

Por tanto, quiero traer a colación la escasa repercusión que tiene para la Administración la delimitación de un ámbito de protección, pero la gran incidencia que ésta tiene para los ciudadanos y el futuro de la población. Esto es especialmente notable cuando la delimitación coarta intereses particulares; pero en esta ocasión no voy a exponer la situación desde este ángulo, sino desde el punto de vista de cuando la Administración se queda corta, cuando deja fuera del ámbito zonas o elementos que debería incorporarse. Es el caso de la delimitación del entorno de protección del castillo de La Calahorra, que excluye sus flancos sur y este, bajo el pretexto de la alta transformación, la degradación cultural y paisajística, y la baja posibilidad de visualización.

Al respecto cabe decir que, en primer lugar, la alta transformación a la que se alude no es consecuencia de una inadecuada planificación, sino más bien de su ausencia, por lo que se está perdiendo la oportunidad de regular un espacio que hasta la presente ha resultado carente de ordenación, al menos cultural, lo que puede haber hecho que proliferen los “cocherones” o naves de aperos que actualmente circundan el Cerro del Castillo por su piedemonte.

En segundo lugar, la degradación cultural y paisajística que afecta a estos flancos no es menor que la que afecta a los flancos norte y oeste, pues no se puede pretender atribuir al sentido ciudadano la intención de esconder sus actividades más impactantes tras el cerro para que así no fuesen visibles desde la autovía, entre otras cosas porque es difícil encontrar esta sensibilidad entre quienes su necesidad perentoria ha sido la economía inmediata, y sobre todo porque el acceso al pueblo desde la autovía es de muy reciente configuración, pues antes éste se hacía precisamente desde el flanco suroeste.

Por último, la baja posibilidad de visualización es un argumento pobre, atemporal y escasamente fundamentado, pues si bien es cierto que gran parte de los ciudadanos y visitantes de La Calahorra le acceden desde el norte, hay que recordar que los habitantes de los pueblos colindantes, con los que hay importantes nexos de unión histórica, familiar, económica, etc., acceden a susodicha autovía por este punto, sin contar en ello el fuerte impacto visual que un desarrollo descontrolado pudiera tener sobre los pretendidos esquiadores que supuestamente han de llenar la estación del Puerto de la Ragua, de la que se baja precisamente por aquí, mostrando un escaparate fundamental para acompañar la actividad deportiva y fijar la visita del pueblo, de manera que no resulte un mero punto de paso.

Pero es que no sólo los argumentos esgrimidos son vagos, sino que además se pierden otras oportunidades como las de poner freno a algunas de las actividades más agresivas que acechan al pueblo y que son verdadero quebradero de cabeza para sus gestores, caso de las canteras del Cerro Juan Canal, impactantes no sólo visualmente, sino también en cuanto a polvaredas y vibraciones, a tenor de lo que los habitantes del lugar nos transmitieron; o la pérdida de tipologías constructivas, totalmente desvirtuadas en algunos casos señeros.

Igualmente se pierde la ocasión de atajar problemas históricos como el de solventar de una vez para todas un acceso adecuado al monumento, procurar la estabilidad de algunos roquedos que de manera natural o antrópica se ciernen sobre las edificaciones más próximas al Castillo, o fijar los puntos más adecuados para la disposición de las infraestructuras de suministro que han de facilitar la visita del bien, hecho en el que Cultura tiene mucho que decir, pues afectará irremediablemente la estructura del castillo y muy posiblemente la de la barbacana que lo flanquea por algunos de sus extremos.

También sería muy interesante la ampliación del entorno a todo el cono del cerro porque muy posiblemente, y esperemos más pronto que tarde, habrán de llevarse a cabo diversas prospecciones arqueológicas que saquen a la luz el origen de su poblamiento, amén de otros aspectos cruciales para la vida en la zona como es el caso de las calicatas que pueden encontrarse en él, no sabemos si como ensayo minero o como provisión de material de construcción para el propio castillo.

Por último, y aunque éste sea menos agradable, existe otro motivo por el que conviene a la Administración la ampliación del ámbito, y es que al desplegarse una protección más restrictiva sobre el lugar se estaría evitando la prescripción de actuaciones urbanísticas, se reforzaría el argumento de cara a futuras intervenciones, incluyendo la de  expropiación, y el Ayuntamiento ampliaría su gama de motivos en la solicitud de subvenciones.

En definitiva, con esta decisión la Junta de Andalucía no está sacando todo el rédito que debiera a su capacidad de facilitar la planificación a particulares y ayuntamientos, pues no hay que olvidar que si bien el ciudadano es bastante reticente a ponerles vallas al campo, lo es más a la incertidumbre de la Administración, pues cada indecisión suya se traduce en importantes costes para éste, ralentizando así la inversión y el despegue económico de los pueblos de Andalucía.

Por Juan Garrido Clavero. Geógrafo especialista en urbanismo