“Noticias y Actualidad”
La proliferación de viviendas en suelo no urbanizable en los últimos años ha sido exponencial. La Junta de Andalucía trata de dar respuesta a esta situación con un decreto que se está tramitando actualmente y que recoge la siguiente noticia publicada en el País Digital:
El decreto sobre las casas levantadas sin permisos que tramita la Junta fija los requisitos que permitirán que las viviendas aisladas construidas en el suelo no urbanizable contraviniendo el ordenamiento urbanístico que tengan más de cuatro años, siempre que no ocupen espacios especialmente protegidos, puedan continuar en pie y ser usadas.. El decreto parte del planteamiento de que una cosa es dar respuesta y poner orden a una realidad sobrevenida y otra legalizar lo que la ley no permite.
Estas casas serán toleradas (los Ayuntamientos concederán una resolución de reconocimiento) y quedarán en una situación de asimiladas al régimen de fuera de ordenación. Ello significa que el reconocimiento no implica la legalización de la edificación, de forma que no podrán obtener licencia de primera ocupación ni tendrán derechos reconocidos ante posibles procedimientos administrativos (expropiaciones o deslindes, por ejemplo) y penales.
Entre las condiciones de habitabilidad se incluye que las viviendas tengan suministros de servicios básicos. Cuando sea imposible acceder a las redes generales de abastecimiento de estos, deberá resolverse con instalaciones autónomas y sujetas a autorizaciones ambientales y siempre costeadas por los propietarios.
El plazo de cuatro años atrás que delimita las viviendas que pueden acceder a este reconocimiento viene dado porque es el periodo en el que, según la legislación, prescribe el plazo en el que la Administración puede intervenir para expedientar las construcciones aisladas en suelo no urbanizable y requerir la reposición de la realidad física alterada, salvo que estén en suelos protegidos o afectados por riesgos naturales, que no caducan nunca.
Cuando entre en vigor el decreto que la Junta comenzó a tramitar el 6 de julio, solo quedarán expuestas a una condena de demolición las viviendas que ocupen suelos especialmente protegidos por el ordenamiento o normas sectoriales y las que no tramiten y cumplan los requisitos de estos permisos de reconocimiento.
Se estima que la inmensa mayoría de las casas de campo ahora en un limbo jurídico podrán regularizarse por esta vía. Solo en las comarcas de la Axarquía y Valle del Almanzora, donde la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha realizado un censo de construcciones en suelo no urbanizable, se han identificado 25.457 casas, de las que el 89% son susceptibles de reconocimiento según los requisitos del borrador del decreto. En el conjunto de Andalucía se estima que existen entre 300.000 y 500.000.
El fenómeno es complejo. El borrador del decreto contempla una variada gama de situaciones para las que propone distintas respuestas. En función de la implantación de las edificaciones, se distinguen tres tipos: asentamientos urbanísticos, hábitat rural diseminado y las mencionadas construcciones aisladas.
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Seguramente es una decisión correcta, pragmática… Pero no debe ocultar que es consecuencia de 500.000 fracasos colectivos y del estado de derecho, de mirar para otra parte, de mercadeos políticos, de ineficacia administrativa, de marraneo del paisaje rural, de impactos… 500.000 casos de egoísmo y de abusos…
Por eso creo que además de una ley pragmática entiendo que igualmente debemos repensar/exigir la distribucion actual de las competencias sobre el suelo no urbanizable.
Mejor dicho no podría haber sido Jun Carlos. Una vez «reconocidos» crearán derechos y ahí no parará. Es increible como pasa lo mismo en México.
Estoy de acuerdo con Juan Carlos, y el problema es que da pie a que en el futuro siga ocurriendo lo mismo y que se sigan construyendo más casas sin permiso.
Habrá que ver la letra pequeña del decreto, pues ésta tendrá que decir si estos suelos computan para el POTA a la hora de redactar un futuro PGOU, si suponen un freno a la proliferación de estas construcciones o por contra las dinamizarán, si la edificación en sí se convierte en un valor añadido formal en una operación de compra venta, si el coste de la provisión de servicios debe ser compartido por todos los usuarios o sólo por aquellos que hayan llegado a acuerdo, y en caso de que esto no suceda, qué pasará cuando la red deba discurrir por la propiedad de alguien que no quiere proveerse de ese servicio bien porque ya lo tenga o bien porque no pueda asumir su coste… Complicado lo veo. Ahora bien, a quien esto le va a venir estupendamente va a ser a los partidos que se presenten en las próximas elecciones estatales y regionales, y muy especialmente a los ayuntamientos, que van a encontrar una nueva fuente de ingresos inesperada, sopena que el ciudadano siga en sus pretensiones de no obtener esa, en cierta manera, supuesta legalización.
Me parece una actuación de \"huida hacia adelante\". No es justo par aquein acata la ley y supone un agravio comparativo que traerá consigo esa frase que tanto escuchamos los técnicos que queremos actuar correctamente \"si no pasa nada… no van a tirar todas las casa que ya han hecho en La Vega, el Barranco, El Valle, y tantos más. Otro paso atrás propio de una República Bananera.