“Perdemos dinero”. Así de elocuente titulaba el Pais Digital un artículo esta semana sobre los retrasos de las distintas administraciones con las oficinas técnicas para abonar los servicios prestados a través de contractos públicos, así como las dificultades de acceso a las licitaciones de los profesionales más jóvenes por el procedimiento utilizado en las mismas.
Los arquitectos andaluces denuncian que la Consejería de Educación impone unos plazos y unas retribuciones muy rigurosos a la hora de proyectar sus instalaciones. También denuncian que las contrataciones se centran en estudios de arquitectos con mayor experiencia, lo que lleva a la exclusión de una gran parte del sector. El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA), Luis Cano, señaló ayer que el colectivo que representa desea que «trabajen más arquitectos con una retribución razonable y unos plazos más razonables».
Web del ISE. FUENTE: iseandalucia.es
«La deuda de las Administraciones con los arquitectos asciende a 150 millones de euros acumulados en tres años. Las Administraciones acumulan un retraso que llega al límite de la prescripción y que lleva a que estudios de arquitectura estén cerrando y, sobre todo, los estudios de los más jóvenes. Ante estos cierres, grupos de arquitectos jóvenes se agrupan para optimizar costes y prescinden de delineantes, administrativos…», señaló Cano. La mayor deuda se concentra en las Administraciones autonómicas, luego en los Ayuntamientos y, por último, en las instituciones provinciales.
Cano recalcó que «se limita la participación de los arquitectos porque hay unas exigencias económicas y profesionales muy duras«. «Se exige un volumen de trabajo anterior muy amplio. Eso limita bastante cuando hay nuevas generaciones de profesionales. Estos procedimientos dificultan el acceso de nuevos profesionales. Los precios y baremos que utiliza la Administración como base de la licitación están un 50% por debajo de la media de los países homologables a España. Sobre ese 50% se producen bajas temerarias.
«Si las Administraciones públicas no tienen dinero, no podrán hacer determinadas inversiones, pero que no sea a costa del trabajo de los profesionales. Todas las Administraciones tendrían que establecer procedimientos de contratación transparentes que posibiliten la participación de la mayor parte de los arquitectos y establecer plazos razonables y unos honorarios para que los estudios no pierdan dinero», rubricó Cano.
Fuentes de Educación respondieron que la Consejería «se atiene a la más estricta legalidad de la Ley de Contratos». «En muchas ocasiones, en nuestras obras, al ser un servicio público esencial, aprovechamos al máximo la Ley de Contratos. Pero nunca rebasamos la legalidad. Nuestro cumplimiento es absoluto», señalaron las fuentes de Educación.
Con esta frase elocuente quiero poner sobre la mesa un debate históricamente sin resolver: ¿Hasta dónde llegan las competencias autonómicas y donde empiezan las municipales? ¿Actúan los gobiernos autonómicos con equidad frente a los municipios en la administración de dichas competencias? ¿Están los gobiernos municipales capacitados para asumir ciertas competencias?
Y es tan necesario que las administraciones lo diriman con urgencia y con responsabilidad, ya que la crisis actual también tiene que ver con la ineficiencia de nuestro sistema de toma de decisiones, que en el campo de la planificación urbanística alcanza seguramente las más altas cotas de ineficacia administrativa, ya que además de las cuestiones estrictamente urbanas confluyen otras de carácter ambiental, patrimonial, social, económicas, o relacionadas con infraestructuras cuya ejecución corresponde a diferentes instancias de la administración.
Por eso, como os decía, la formulación y tramitación de cada uno de los instrumentos de planificación urbanística, prácticamente sin excepción, constituye el mejor de los ejemplos sobre la inoperancia del sistema administrativo actual que alarga exageradamente los procesos, de modo que unos trámites que no debieran ocupar más allá de dos o tres años suelen alargarse casi sin excepción del orden de 10 años cuando afectan a ciudades de cierto tamaño, y solo algo menos para las más pequeñas…
Centro urbano de Madrid. FUENTE: maps.google.es
Por tanto, estamos hablando de un esfuerzo administrativo y económico exagerados que tienen que asumir los ayuntamientos en el diseño y en la tramitación de los planes y proyectos, pero también las administraciones autonómicas y las sectoriales que se ven abocadas a destinar porcentajes importantísimos de su personal al seguimiento de tales expedientes… ¿Y para qué? Pues para alargar y alargar los procesos sin que tengamos la menor garantía de que las decisiones que finalmente se adoptarán serán las más idóneas.
Lo absurdo y kafquiano de nuestro sistema de toma de decisiones se traduce en que la sociedad actual solo sabe aprobar cosas de manera extemporánea, frenando o ralentizando hasta hacer inviables o mucho más costosas tantas y tantas actuaciones necesarias por ser generadoras de desarrollo social y económico.
División administrativa de España.
Después de más de 25 años de actividad profesional diversa tanto en temáticas como en localizaciones, solo me cabe sugerir/recordar desde este humilde (y comprometido!) foro:
-que las administraciones tienen que respetarse y ser leales entre sí, porque en definitiva todas ellas están al servicio de los ciudadanos… porque lamentablemente lo frecuente es que ocurra justo lo contrario. Para ello deberían institucionalizarse mecanismos ágiles y eficientes de coordinación.
– que las de mayor rango, esto es: la estatal, las autonómicas y las sectoriales, deben respetar y tratar con responsabilidad a los ayuntamientos municipales, estableciendo mecanismos de concertación y de diálogo que simplifiquen los trámites y que permitan avanzar en la búsqueda de soluciones compartidas y nunca impuestas, que es en definitiva lo que necesita la sociedad.
– que dicho espíritu de colaboración debe entenderse de la misma manera desde lo local hacia arriba, evitando esas actitudes demagógicas lamentablemente tan frecuentes que no hacen sino bloquear actuaciones de interés general que trascienden de los localismos.
– que por parte de todos los niveles de la administración, pero sobre todo en la autonómica, se delimite claramente la distribución interna de competencias, evitando la superposición actual de responsabilidades o la pugna interna por intervenir en numerosas cuestiones.
– que al mismo tiempo se haga el máximo esfuerzo por delimitar las respectivas responsabilidades de cada administración, en la esperanza de que cada vez más los ciudadanos sabremos exigir responsabilidades a nuestros representantes por su gestión.
– que se revisen profundamente los procedimientos de formulación y aprobación de planes y proyectos de modo que municipios, autonomías y, cuando proceda, gobierno central, dispongan de un órgano único de interlocución que garantice la coordinación interna pero que al mismo tiempo aporte de dicha administración. Por deberían extenderse los modelos de «ventanillas únicas» o «comisiones interdepartamentales».
– que las administraciones sectoriales o temáticas deben responsabilizarse en desarrollar sus normas, bien a través de reglamentos legislativos, bien mediante criterios técnicos trasparentes y precisos, de modo que tanto los municipios como los ciudadanos sepan de antemano a qué atenerse al respecto, lo cual constituye además una saludable y democrática práctica que garantiza el rigor y la trasparencia en la toma de decisiones y la eficacia de los procedimientos.
– y, cómo no, que avancemos en la lucha contra el sectarismo político que hace que sean los colores y no los argumentos, las necesidades o las razones los que hagan de las diferentes iniciativas que sean buenas, viables o prioritarias… o justamente lo contrario. Porque ni es eso lo que la sociedad demanda, y mucho menos en una situación perversa, critica y angustiosa como la que ahora vivimos, en la que necesitamos del máximo concurso social, del máximo apoyo colectivo y de la máxima cohesión y consenso político para elegir, para decidir como deberemos intervenir en nuestros barrios, ciudades y territorios.
Pues bien, como es decía, esta frase que he elegido como título ha sido extraída de una reciente entrevista al arquitecto andaluz Juan Miguel Hernández León, (Enlace), catedrático y especialista en temas patrimoniales, con motivo de una absurda polémica generada entre el gobierno regional de Madrid y el ayuntamiento de la capital, que les impide ponerse de acuerdo y decidir juntos lo mejor. Pero situaciones de abuso, de prepotencia, de superioridad o de irresponsabilidad desde todos los niveles y entre todos los colores podríamos citar… ¡Uf! ¡Cuantas podríamos citar!
Juan Carlos García de los Reyes, Director de GRarquitectos
