Nueva ley para nuestros montes

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El pasado nueve de enero, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de modificación de la Ley de Montes a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuyo objetivo es mejorar la gestión para contribuir a la conservación de la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, la lucha contra el cambio climático, y el aprovechamiento económico de los mismos.

Paisaje de montaña. Fuente educa.madrid.org

El texto incorpora, principalmente, cuatro modificaciones importantes:

-Clasifica los montes en cuatro categorías para facilitar su tratamiento, organización y determinar el tipo de gestión más adecuado a su naturaleza

-Simplifica los procedimientos para que las Comunidades Autónomas aprueben unos modelos técnicos de gestión, a los que se puedan adherir voluntariamente los propietarios forestales

-Mejora la gestión y regula los Montes de Socios, estableciendo la junta gestora y sus funciones

-Se crea la Sociedad Forestal, que se constituirá a iniciativa de los propietarios como instrumentos de gestión agrupada

Pero  muchos, como ecologistas en acción, han dado un paso al frente en contra de esta nueva iniciativa legislativa ya que aseguran, los cambios en la ley no incorporan mejoras sustanciales para la gestión de los bosques, invaden competencias autonómicas al incorporar regulaciones cinegéticas, suponen un grave retroceso en la necesaria planificación forestal, y, sobre todo, y este es el punto más polémico, permiten que las Comunidades Autónomas autoricen la construcción en zonas incendiadas.

Pueblo de Dos Aguas (Valencia) rodeado de monte quemado. Fuente abc.es

En la ley de montes anterior, de 2006, se incorporó la prohibición del cambio de uso forestal de las zonas incendiadas al menos durante 30 años. De esta forma se evitaba que se provocaran fuegos con fines especulativos, prohibición que echa por tierra esta nueva reforma.

Por último en la ley aun vigente se establece la obligatoriedad de que todos los montes cuenten con un instrumento de gestión; sin embargo, con este proyecto se elimina dicha obligatoriedad.

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