Es temprano, mucho, y algo me dice que hoy debiera hablaros de todo lo que subyace detrás del último encargo profesional que mi equipo ha recibido, ya que la administración autonómica de Andalucía (España) nos ha pedido que dirijamos la demolición de una vivienda construida ilegalmente en Suelo No Urbanizable… Una cuestión que, vista con algo de perspectiva, tiene que ver con un debate de rabiosa actualidad en España, ya que tiene que ver con la intervención de los poderes públicos de cara a la protección de la legalidad. Interesante debate… ¿Me sigues?
En efecto, no es posible vivir en un estado de derecho sin el cumplimiento efectivo de las normas que su población se haya dotado de manera democrática, y por tato se hace imprescindible requerir de los Poderes Públicos que ejerzan de manera efectiva las potestades que tienen otorgadas constitucionalmente y que quedan definidas a través del conjunto de leyes y normas con las que cada sociedad se ha dotado. Y tal y como veis, esta afirmación que podría ser extensiva a cualquier temática e incluso a cualquier país, está relacionada de manera evidente con ese encargo profesional que la Junta de Andalucía nos ha realizado… ya que una Demolición no es otra cosa que una dura, difícil y también inevitable acción de los poderes públicos de cara a la reposición de la realidad física alterada, esto es, de la reposición de la legalidad urbanística a través del ejercicio de una competencia denominada “Disciplina Urbanística”. Y me voy a explicar:
Las razones que legitiman a los Poderes Públicos para el ejercicio de la disciplina urbanística en el caso de Andalucía están definidas en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística (LOUA), que define con claridad que la actividad urbanística en su conjunto se trata de una función de claro interés público y que por tal motivo debe ser asignada a las administraciones, que por ello tienen la competencia para regular la planificación, organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como la transformación de éste mediante la urbanización y edificación y sus consecuencias para el entorno.
Y a dichos efectos, la legislación atribuye a las administraciones públicas el ejercicio de diversas potestades, entre las que se encuentran algunas relacionadas directamente con este caso, como serían las de:
“- Policía del uso del suelo y de la edificación y protección de la legalidad urbanística
– Sanción de las infracciones urbanísticas y
– Cualesquiera otras que sean necesarias para la efectividad de los fines de la actividad urbanística.”
Y a esas acciones que estarían dirigidas al cumplimiento de la legislación y ordenación urbanísticas es a lo que el legislador ha denominado como Disciplina Urbanística (Titulo VI de la LOUA), disponiendo para la administración competente las siguientes potestades:
“a) La intervención preventiva de los actos de edificación o construcción y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo
b) La inspección de la ejecución de los actos sujetos a intervención preventiva
c) La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado
d) La sanción de las infracciones urbanísticas”.
Es decir, con potestades que van desde el otorgamiento de licencias por ejemplo y demás autorizaciones previas a la transformación o uso del suelo, hasta las de naturaleza represiva, sancionadora o la restauración de la legalidad urbanística (con la reposición del estado físico alterado, esto es, la demolición de lo construido ilegalmente).
En fin, que prefiero construir a demoler pero bien mirado demoler, excepcionalmente claro, también es construir la legalidad y favorecer que las acciones se enmarquen dentro de las normas y los criterios que entre todos nos hemos dotado… Por eso, tras un largo proceso administrativo primero y judicial después, nuestra sociedad ha determinado que un edificio debe ser demolido, ya que es incompatible con las normas que nuestra sociedad democráticamente se ha dotado…
Y esa es la razón por la que mi equipo y yo hemos aceptado este encargo profesional. 