«La Ciudad Comprometida»
Hemos encontrado en la prensa digital este interesante artículo sobre el Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire que aprobó Consejo de Ministros en noviembre y su difícil implantación en nuestras ciudades a día de hoy por múltiples motivos, que en el texto quedan claramente expuestos. Pero en nuestra opinión, su dificultad no debe ser impedimento para caminar en esta dirección aplicando con valentía las medidas necesarias:
Los tubos de escape son los principales causantes de la polución en las grandes urbes, pero los Gobiernos no quieren, no pueden o no se atreven a frenar su proliferación de forma tajante.
El plan del Ministerio de Medio Ambiente es un Libro Blanco lleno de buenos propósitos que en su mayoría competen a autonomías y, sobre todo, a los municipios. Las Administraciones locales y autónomas lo miran como un manual de buenas prácticas que puede servir como referencia, pero no como una hoja de ruta a la que seguir punto por punto. Consta de 90 medidas, pero carece de memoria económica. «Es ideal. Es muy bonito y muy bueno, pero cuesta dinero y hay que ver quién lo financia», resume el director general de Calidad Ambiental de la Comunidad Valenciana, Vicente Tejedo. Aunque ha sido consensuado con comunidades autónomas y municipios, los del PP -es decir, la mayoría-, echan en falta una financiación que lo sustente, porque muchas de las propuestas verdes que incluye -renovación de flotas de vehículos, creación de aparcamientos disuasorios, aumento en la frecuencia del transporte público, abaratamiento de sus títulos, creación de carriles bici, por poner unos cuantos ejemplos- son costosas. Consultadas las grandes ciudades españolas, las que más polución soportan y por tanto las que más necesitan mejorar la calidad de su aire, ninguna apuesta por desarrollar actuaciones inmediatas ni un cambio apremiante en su planificación medioambiental como consecuencia del plan.
Las pegas de índole económica por parte de las Administraciones responden a una visión cortoplacista, según la mayoría de los expertos consultados. Argumentan que el ahorro que se produce a medio y largo plazo en gasto sanitario compensa con creces las inversiones para reducir la polución.
Más allá de inconvenientes puramente contables y de las penurias en las cuentas de las Administraciones, José María Baldasano, catedrático de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Barcelona, asegura que hay una clara falta de voluntad política para ejecutar verdaderos cambios. «Falta decisión con los coches. Hay una prevención excesiva por parte de las comunidades y municipios de abordar el tema del tráfico y ahí hay un problema serio. Es verdad que hubo un momento que se necesitaba el coche como motor de dinamización, pero el péndulo ha pasado al lado opuesto y ahora las ciudades están saturadas». Propone dos soluciones que califica de muy efectivas y baratas: limitación de la velocidad y restricción de los vehículos a determinadas zonas. «No se trata de atacar al coche, como se pretende hacer creer desde el ámbito neoliberal. Son medidas efectivas y de coste limitado que, eso sí, se tienen que complementar con otras, como la mejora del transporte público o la modernización de la flota circulante».
El que las competencias para gestionar estas mejoras del aire conciernan a varias Administraciones y, dentro de ellas, a diferentes organismos, tampoco ayuda a que las medidas se puedan concretar de la noche a la mañana. La legislación y la normativa están en poder de las comunidades autónomas y el Gobierno central, pero son las ciudades las que tienen que ejecutar buena parte de las acciones. Una de las medidas más visibles para los ciudadanos dentro del plan del aire es la creación de etiquetado para los automóviles en función de cuánto contaminan y la restricción al tráfico rodado en determinadas zonas de las ciudades siguiendo esta clasificación. Sobre las pegatinas, todavía nadie sabe cómo se van a arbitrar y colocar. «El plan está recién creado y ahora se están reuniendo los técnicos de los departamentos competentes para ver cómo se desarrolla», asegura una portavoz del Ministerio de Industria. Respecto a las Zonas Urbanas de Atmósfera Protegida, aquellas en donde las localidades podrán restringir el acceso a determinado tipo de vehículos, tampoco habrá grandes cambios en el corto y medio plazo, a tenor de la respuesta que dieron los Consistorios.
Todos los pasos, por pequeños que sean, son positivos en opinión de los expertos consultados, que ven en el plan un buen modelo si se llegase a implementar. Pero en su opinión hace falta decisión para seguirlo. «El panorama es desolador. No hay ninguna voluntad real», afirma Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Pone el ejemplo de la limitación de velocidad que se puso en marcha en el entorno metropolitano de Barcelona en 2007 que, «pese a suponer un descenso de la contaminación del 15%, la Generalitat se lo ha cargado». «Los carriles de acceso a las ciudades preferentes para autobuses y vehículos de alta ocupación (VAO) son un gran ejemplo, pero solo tenemos el de la A-6 de entrada a Madrid. El Gobierno, que ahora quiere fomentarlos, no ha hecho nuevos desde 1995, se dedica a los AVE y las autovías. Las restricciones de tráfico a las zonas más saturadas de polución funcionan en 400 ciudades europeas, aquí ninguna de las importantes, de las que realmente lo necesitan, lo ejecuta», resume.
Tomás Santacecilia, del Real Automóvil Club de España (RACE), comparte soluciones como los carriles bus-VAO, pero no otras como la restricción de vehículos a determinadas zonas de las ciudades: «Con esta medida lo único que estamos haciendo es trasladar el problema de la contaminación a zonas periféricas de la ciudad, en otras palabras, trasladar el problema a otro sitio. Como medida eficiente se trataría de potenciar, fomentar e incentivar la compra y adquisición de vehículos nuevos, menos contaminantes y más respetuosos con el medio ambiente».
Esto último también está en el plan del ministerio: continuar con las subvenciones a los vehículos eléctricos y hacer un llamamiento a las ciudades para que faciliten su circulación y aparcamiento, para que los conductores con coches verdes tengan ventajas añadidas. Paradójicamente, al mismo tiempo, el Gobierno también ha primado la adquisición de vehículos diésel, los que más dióxido de nitrógeno generan, al grabar este combustible con menos impuestos que la gasolina
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