¿EN QUÉ GASTAN LOS AYUNTAMIENTOS?

«Noticias y Actualidad»

Los Ayuntamientos son las administraciones más próximas a los ciudadanos y prestan servicios que, en determinadas ocasiones, no están obligadas a ello por ley o por su tamaño de población. Pero son las primeras que perciben esa necesidad y las primeras en dar respuesta. ¿Pero sabemos cómo y en qué gastan nuestros ayuntamientos?. Este artículo de prensa nos aclaraba algunos aspectos:

¿A qué destinan su presupuesto los Ayuntamientos? ¿Cuáles son las principales partidas? Casi la mitad del gasto municipal se lo lleva el capítulo denominado «producción de bienes públicos de carácter social»: esto es, sanidad, cultura, educación, saneamiento, transporte, cultura y, sobre todo, las políticas de vivienda y urbanismo. «El urbanismo es la función estrella de los Ayuntamientos«, indica la profesora de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona (UB), Maite Vilalta. Le siguen la cultura, la recogida de basura, la educación, determinadas partidas de bienestar comunitario y el saneamiento y abastecimiento del agua (véase cuadro adjunto).

Vilalta apunta varias cuestiones para entender el gasto de los Ayuntamientos. Una de ellas es que la realidad del municipalismo, tanto en Cataluña (947 Ayuntamientos) como en España, es muy atomizada, con municipios muy pequeños y poco peso de las entidades supramunicipales. Esto complica sus números. Incluso la Carta Municipal Europea alerta de que el tamaño de los municipios españoles es demasiado pequeño, «con el 85% por debajo de los 5.000 habitantes», recuerda la experta.

Ayuntamiento de Granada. FUENTE: juntadeandalucia.es
Ayuntamiento de Granada. FUENTE: juntadeandalucia.es

A la atomización debe sumarse, dice Vilalta, el constante goteo de nuevas leyes del Estado o las Autonomías que cargan de nuevas responsabilidades a los Ayuntamientos, y el hecho de que estos destinan el 26,8% de su presupuesto a gastos no obligatorios, aunque en algunos casos no están legalmente obligados a ello. Claro ejemplo es el de las guarderías, asumidas en Cataluña por los Ayuntamientos pese a ser una etapa escolar no obligatoria.

El concejal de Tortosa y también profesor de Haciendas Locales de la Universidad de Barcelona (UB), Ferran Bel, señala otro ejemplo de gasto no obligatorio pero obligado: el transporte público en municipios como el suyo, que está lejos de los 500.000 habitantes que fija la ley. «Nos cuesta 250.000 euros al año y es una competencia impropia, ¿pero alguien se imagina que no los gastáramos?», inquiere. «Los Ayuntamientos somos la Administración más próxima, la que capta las demandas ciudadanas y aunque la ley diga que no nos tocan según qué cosas es impensable que hoy, en el siglo XXI, una ciudad como Tortosa no tenga transporte público.

Pérez reconoce que «947 Ayuntamientos son insostenibles y habría que incentivar la mancomunación de servicios». Por ejemplo, en los consejos comarcales: «A veces tienen un papel más político y obstaculizador que de colaboración con los Ayuntamientos, las comarcas son o demasiado grandes o demasiado pequeñas», afirma y celebra iniciativas «de agregación entre municipios en servicios básicos». Es el caso del Consorcio por la Gestión Integral del Agua de Cataluña, que cuenta con 600.000 clientes de 220 municipios, entre los que figuran desde Mataró hasta Manresa pasando por Vilafranca, Vilanova y Reus.

Ante la avalancha de facturas -que además es paralela a la caída de ingresos, pero ese es otro capítulo- a los alcaldes no les queda otra que poner la imaginación al poder. Pérez apuesta por optimizar la gestión incorporando criterios de gestión empresarial a la Administración, por «fortalecer lo público» y exprimir nuevas vías, como «la explotación del patrimonio». Una posibilidad, dice, es que «los Ayuntamientos no se vendan el 10% de los aprovechamientos urbanísticos, los pongan a disposición de un tercero y que este pague una renta».

Para ver el artículo original, PINCHA AQUÍ

COOPERATIVISMO DE VIVIENDA: LA EXPERIENCIA URUGUAYA

«La arquitectura Comprometida»

Nos hacemos eco de la invitación de la compañera  Fiorella Russo a las dos charlas que van a tener esta tarde y mañana en el Colegio de Arquitectos de Granada y en la ETSAG, respectivamente, bajo el titulo: “Cooperativismo de vivienda: La experiencia uruguaya”. Reproducimos a continuación esta información:

Hola amig@s,

Os invitamos a participar de las dos charlas que hemos organizado a través del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio (Universidad de Granada), y ‘ExtraArquitectura’ (actividades de extensión de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Granada), con el apoyo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, Master Gestión Social del Hábitat y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID.

Cooperativismo de vivienda: La experiencia uruguaya”

En las ultimas cuatro décadas, se han desarrollado en Uruguay numerosas experiencias  de construcción de conjuntos de viviendas por el sistema cooperativo en el marco de  la Ley Nacional de Viviendas de 1968. Los ponentes trataran en sendas charlas  dos diferentes perspectivas de estas experiencias en la ciudad de Montevideo. 

-Martes 25 de octubre  19:00h
Lugar: Colegio de Arquitectos de Granada (Plaza de San Agustín Nº 3)

La producción Social del Hábitat: un desafío para la arquitectura y la
interdisciplina. La experiencia uruguaya del cooperativismo de viviendas.

-Miércoles 26 de octubre  11.00h
Lugar: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada
(Avda. Andalucía nº38)

La ciudad que hace la gente: autoproducción individual y colectiva, vivienda
cooperativismo y ciudadanía.

Cartel de ambas conferencias. FUENTE: Organización
Cartel de ambas conferencias. FUENTE: Organización

PONENTES:

-Raúl Vallés (Montevideo, Uruguay)

Arquitecto, profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay.  Director de la Unidad Permanente de Vivienda y Coordinador de la Comisión de Vivienda Social, de la misma facultad. de Cooperativas de Ahorro Previo).

-Benjamín Nahoum (Montevideo, Uruguay)

Ingeniero Civil, docente e investigador sobre la “Evaluación de programas y Tecnologías para la vivienda de interés social” del área de Construcción de Edificios de la Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay.

 

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PERÚ QUIERE APOSTAR POR LA CONSTRUCCION DE CIUDADES COMPROMETIDAS. Cronicas desde Iberoamérica.

«La Ciudad Comprometida»

«A nivel nacional, el territorio peruano presenta un patrón de ocupación del suelo, mayoritariamente informal, extendiendo desordenadamente las ciudades, con problemas de carencia de infraestructuras y servicios, derivados de la ausencia de una adecuada planificación urbana y territorial”. Esta frase esta entresacada de los considerandos del reciente Decreto Supremo 004-2011-VIVIENDA, que actualiza los criterios para la ordenación del territorio y para la planificación urbana, por lo que no cabe sino felicitarnos por esta nueva norma que parte de un singular ejercicio de autocrítica, tan escaso en los tiempos actuales y excepcional en los textos legales.

Porque las ciudades peruanas, en un drama que se extiende por todo el continente, son el mejor ejemplo del desprecio de la sociedad actual por el equilibrio, por la armonía, por la sostenibilidad, por la racionalidad y por los derechos y deberes ciudadanos inherentes a las sociedades democráticas. Y sin temor a generalizar, en los entornos urbanos se abusa del medio ambiente por la ocupación de zonas de riesgo para las personas, por los vertidos directos de las aguas negras y de los residuos urbanos e industriales, con la contaminación de la atmósfera, y con la degradación del paisaje y de los espacios de mayor valor agrario, natural y ecológico. Resultando que, además, los ciudadanos en general no reciben servicios adecuados, no ya porque las ratios de zonas verdes y equipamientos son ciertamente insuficientes sino porque existen amplias zonas mal urbanizadas que constituyen verdaderas bolsas de marginalidad, mientras que los barrios centrales suelen concentrar casi todos los servicios. En suma ciudades que no favorecen la integración social de todos los ciudadanos.

Panoramica de Arequipa
Panoramica de Arequipa

La ausencia de planificación ha generado ciudades mal estructuradas y desequilibradas, con especial gravedad en las grandes metrópolis pero no solo en ellas, con graves insuficiencias en sus sistemas de trasporte público de viajeros. Ciudades insostenibles e ineficientes en las que la improvisación y el desorden impiden un mayor desarrollo económico y productivo y que se caracterizan por el deterioro ambiental, paisajístico y patrimonial que lo invade todo: tanto en las ciudades históricas y sus entornos, como en los núcleos rurales; lo que supone una pérdida absurda de recursos patrimoniales y económicos. Y de seguir así, la competitividad de nuestras ciudades y territorios en el medio plazo estará seriamente amenazada. Pero asimismo ciudades en las que los poderes públicos no han sabido dar repuesta al derecho a una vivienda digna, que sin duda está relacionado con la plaga de los desarrollos informales que asolan el territorio y estigmatizan a sus moradores.

Por tanto, es necesario adoptar una nueva cultura del territorio que impulse los valores de la sostenibilidad ambiental, la eficiencia económica y la equidad social. Y en consecuencia, que las decisiones futuras consideren que el territorio constituye un bien no renovable cuyos valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo. Y que un territorio bien gestionado constituye un activo económico de primer orden. Y que además, en nuestra consideración de ciudadanos del mundo, atendamos también a los compromisos de solidaridad y responsabilidad global, y tengamos presentes las interacciones que nuestras decisiones locales generan en otras latitudes.

Así como que es necesario empezar a diseñar ciudades comprometidas. Con el medio ambiente, ya que muchos de los grandes retos de las ciudades del siglo XXI están relacionados con la disminución de las emisiones de CO2, de los ruidos, de los residuos, de la contaminación lumínica, y sobre todo con la solución de la movilidad, para la que no hay otras fórmulas que apostar por los modos públicos de transporte y por la descentralización de los servicios para acercarlos al ciudadano. Comprometidas con los derechos sociales, debiendo garantizar que todos los barrios cuenten con las infraestructuras y equipamientos que sus tasas de población requieran. Comprometidas con nuestra memoria histórica, considerando que, además del deber de conservar el patrimonio heredado, su puesta en valor constituye un recurso económico esencial. Y comprometidas con el desarrollo económico sostenible, a través de la identificación de aquellos suelos que deberán vincularse a usos y actividades de interés general, sean de carácter agrícola, industrial, tecnológico, terciarios, turísticos, áreas verdes o equipamientos comunitarios.

Panoramica de Arquipa
Panoramica de Arquipa

Y esta nueva cultura urbana y territorial deberá concretarse a través de planes de ordenación territorial y urbanística trasparentes y democráticos, que canalicen las actuaciones de los diferentes niveles de los poderes públicos; que sean fruto de la concertación con los diferentes agentes económicos; y que sean el resultado de un amplio consenso social y político, ya que muchas de las acciones deberán ser desarrolladas en el medio plazo y requerirán de un cierto grado de estabilidad. No olvidemos que las mejores ciudades y los mejores territorios coinciden siempre con aquellos que han sabido diseñar un proyecto común y que han sabido desarrollarlo en el tiempo. Por eso considero que Perú tiene ahora una extraordinaria oportunidad para empezar a apostar por la construcción de ciudades comprometidas.

Juan Carlos García de los Reyes, Director de GRarquitectos

PLAN DE RECONVERSIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO RESIDENCIAL

«Noticias y Actualidad»

Por todos es conocida y padecida la situación de crisis económica que sufre el país en los últimos tiempos. La responsabilidad del mercado inmobiliario es aceptada como una de las causas fundamentales de esta situación. La necesidad de una reestructuración del mismo se ha planteado como una acción más en el lento camino de salida. No se puede demonizar por completo un sector motor de la economía nacional que como tal se remonta más allá del último boom inmobiliario  hasta incluso comienzos de la segunda mitad del siglo XX. Superarla se conseguirá contando, en medida de lo posible, con la construcción, pero bajo  un nuevo modelo que deje atrás los excesos pasados.

En este contexto se sitúa la intervención del Presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), D. José Manuel Galindo, ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, para exponer el documento Plan de Reconversión del Sector Inmobiliario Residencial, que ha sido  remitido al Ministerio de Fomento a fin de que pueda ser analizado en el marco de las reuniones anunciadas por el citado Ministerio conjuntamente entre los sectores inmobiliario, financiero y el propio Ministerio.

Imagen de las gruas sobre el skyline. Fuente: madrimasd.org
Imagen de las gruas sobre el skyline. Fuente: madrimasd.org

Sintéticamente, el documento plantea una restructuración ordenada del sector, hallando una relación adecuada con la demanda real y estable de vivienda y saneando el tejido empresarial Se estructura en cuatro puntos:

1.     Diagnóstico del sistema inmobiliario

El volumen de stock, la caída abrupta de la producción y la ausencia de financiación ha provocado que “el sector inmobiliario haya llevado a cabo un proceso de ajuste sin precedentes, pero no se ha reestructurado”. Para apoyar este diagnostico se aporta un estudio de los indicadores estructurales y coyunturales del sector que resume el escenario en el que nos encontramos y  el camino que hemos recorrido.

2.     Necesidad de reestructuración del sector.

Es necesario para conseguir un mercado equilibrado de vivienda en todos sus tipos: Venta, alquiler, libre o sometida a algún régimen de protección pública, rehabilitación…que dé respuesta a una demanda más real y por tanto más sostenible. Del mismo modo, esta adaptación del sector está repercutiendo sobre la economía, los ingresos públicos y dramáticamente sobre el empleo.

La restructuración es también imprescindible para hacer posible que el crédito fluya desde los bancos y cajas hacia la economía productiva: es necesario “resolver” el problema inmobiliario para “desatascar” el crédito”.

Tabla de estimación de absorción del stock.           Fuente:Plan de reconversión del sector inmobiliario residencial.
Tabla de estimación de la absorción del stock de vivienda en venta. Fuente: Plan de reconversión del sector inmobiliario residencial.

3.     Propuesta de plan para el redimensionamiento del sistema inmobiliario.

El planteamiento de la propuesta se basa en calcular las necesidades reales para estimar en un periodo determinado la absorción del stock e inicio de nuevas promociones. Para ello, se parte de la demanda real y estructural del sector inmobiliario residencial. Se utiliza esquemas de simulación a medio plazo, con hipótesis de partida que consideran razonables.

Se analiza, por una parte el escenario de absorción del stock existente, que con el objeto de llegar en 5 años a una producción estable de 300.000 viviendas, se estima absorbido en 7 años. (2010-2017). Asimismo se estima las necesidades de financiación para ese cálculo de 90.000 viviendas actuales las 300.00 en 5 años.

Esta para que esta simulación sea completa se analiza los impactos que produce en los balances de las entidades, financieras y empresas promotoras, sobre el PIB, empleo y finanzas públicas. En 2015, PIB se incrementaría en un 1 punto y la repercusión en el empleo sería de unos 650.000 puestos de trabajo.

Este planteamiento de reestructuración del sector sobre la base de un plan de financiación  se encuentra en línea con otros planes de reconversión, como el de las cajas de ahorro.

4.     Medidas estructurales necesarias para la futura estabilidad del sector.

Se observan necesarias otro tipo de medidas estructurales que interaccionen con la línea principal del plan. Resumidamente serian:

–  Medidas en relación con los requerimientos del Banco de España para facilitar una mayor fluidez del crédito desde el sistema.

–  Medidas tendentes a estabilizar el valor de los activos inmobiliarios.

–  Medidas para protocolizar los procesos de transformación de suelo y dotarlos de eficiencia, agilidad y seguridad jurídica.

–  Medidas para flexibilizar y poner en valor las capacidades de los suelos de manera que coadyuven a sostener el valor de estos activos.

–  Medidas para facilitar la salida de los stocks de la vivienda, tanto de primera como de segunda residencia.

–  Medidas tendentes a la producción de “vivienda económicamente sostenible” y promoción de vivienda en alquiler.

–  Medidas para dotar de eficiencia y realismo a los procesos de rehabilitación y regeneración urbana

Estas políticas se desarrollarían a través de grupos de trabajo a través del la “Comisión de Trabajo para el Impulso del Sector”

Tras la lectura del texto completo del plan se puede resumir objetivo del mismo en la frase: “El sector inmobiliario por sí solo no nos sacará de la crisis, pero tampoco saldremos de la crisis sin él”. Todo consistirá pues, en una concertación de todos los ámbitos implicados para determinar el modo, alcance y finalidad adecuados a nuestro estado a corto y medio plazo

Jesus María Cuesta Guerrero, Arquitecto de GRarquitectos

SOLUCIONES A LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

«El Territorio Comprometido»

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda está preparando un decreto en el que fijará los criterios a seguir con las viviendas en suelo no urbanizable y fuera de ordenación. Las medidas propuestas son:

  1. Las que puedan legalizarse e incluirse al planeamiento urbanístico general del municipio, serán incorporadas con todas sus consecuencias, es decir, asumiendo los gastos de urbanización y tributando las correspondientes plusvalías.
  2. Las que puedan obtener un permiso de mínimos, subsistirán aunque fuera de ordenación.
  3. Y las que no puedan legalizarse en ningún caso, por afectar a suelo especialmente protegido o que incumplan alguna normativa sectorial, especialmente de medio ambiente o Costas, serán abocadas a la demolición.

Estas son las soluciones que se barajan, lo que debería ser compatible con las exigencias de no suponer ningún coste para las arcas públicas y no atentar contra los intereses de los ciudadanos que han comprado una vivienda legal y tributan por ello.

Para ver  el texto integro publicado en el diario El Pais: (Pincha Aquí)

Hasta aquí totalmente de acuerdo con las pretensiones del futuro decreto. Pero personalmente creo que los intereses de los que han adquirido una vivienda en condiciones legales ya se encuentran dañados, pues proveer de servicios a estas localizaciones dispersas ha encarecido groseramente los costes que deben pagar todos (los que han adquirido viviendas legales y los que no), por más que las infraestructuras las hayan sufragado sus propietarios (que no en todos los casos ha sido así).

Ejemplo de Diseminado en Area Rural
Ejemplo de Diseminado en Area Rural

Un ejemplo de ello es el incremento de la factura de la luz, en parte debido a este tema, pues no sólo ha supuesto el despliegue de ramales poco rentables, sino que además incrementa las pérdidas de las distintas líneas, lo que debemos pagar todos.

Por ello, la solución no debe ser legalizar por legalizar sin más, debemos entender que tener un chalet en el monte o en la costa, a unos cuantos kilómetros de cualquier núcleo, es caro (y no precisamente barato como hasta ahora venía saliendo), y en consecuencia hay que pagar más por una residencia en dichas privilegiadas situaciones.

¿Y para el que no pueda asumir sus costes, qué medidas han de dispensarse? Particularmente creo que para éstos las administraciones deberían dar una alternativa adecuada, que podría pasar por permutar suelo junto al núcleo, en las estipuladas condiciones de urbanización y dotación. Con ello el Ayuntamiento perdería parte de sus cesiones por urbanización, pero ganaría la regulación de la situación de algunos de sus vecinos y ahorraría en costes de prestación de servicios. Por su parte, los ciudadanos afectados perderían lo edificado, pero ganarían seguridad jurídica. Y el resto de las administraciones, singularmente las de competencia ambiental y cultural, podrían adquirir aquellos terrenos que por ubicarse en espacios especialmente protegidos les puedan ser de interés de cara a la protección de sus elementos.

En definitiva, la opción que planteo sería una solución costosa para todas las partes, pero que podría resolver situaciones más tremendas como el encarecimiento de los servicios para todos, ciudadanos y administraciones, o la demolición para los particulares afectados.

Juan Garrido Clavero, Asesor Ambiental de GRarquitectos