Sin coche oficial y otros lujos

Hoy se daba a conocer la noticia de que el Gobierno de España reduce a la mitad su parque de vehículos oficiales dentro de las medidas de ajuste presupuestario. Una medida esperada por una sacrificada ciudadanía inmersa en recortes económicos y sociales que no comprende que un país como el nuestro se permita el lujo de tener 22 veces más coches oficiales que un coloso económico como Estados Unidos donde la administración sirve a más de 300 millones de habitantes.

Y es que hasta la fecha, España tiene la marca mundial de coches oficiales por habitante, con más de 22.000 vehículos entre la suma de todas las administraciones. Parte de esa cifra desorbitada se debe a la incontrolada fiebre por el coche oficial de los ayuntamientos, que suman un total de 11.000 vehículos. A ellos les siguen los diferentes gobiernos regionales con una flota de poco más de 9.000 coches; diputaciones con 1.200 automóviles; y en último lugar, el Gobierno central que hoy pasa de 800 vehículos a poco más de 300. Una medida que ya han seguido otras administraciones autonómicas como la andaluza y que el Gobierno espera que sea extensible al resto. Fuera de esta contabilización quedan todos los vehículos de las empresas y agencias públicas que tanto han proliferado en estos últimos años. Otro pico más.

En total, y sin contar con el coste de algunos modelitos de alta gana que llegan a superar los cien mil euros, entre seguros, combustible, revisiones y conductores, el gasto de esta partida nos sale a todos los españoles por poco más de mil millones de euros. Un auténtico despilfarro en tiempos de crisis y, sobre todo, un signo de ostentación sin parangón en el mundo de una casta política que se ha creído que, por su condición, tenían derecho a todo tipo de lujos, (iPad y móvil incluidos). Así, siguiendo en Estados Unidos, resulta inconcebible que un alcalde posea un coche oficial, ni tan siquiera en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago o San Francisco. Estados como Texas, con una extensión superior a España, están prohibidos los coches oficiales en todas las administraciones. Pero no hay que cruzar el charco para dejarnos en evidencia. Basta pasar los Pirineos para comprobar que los regidores municipales y regionales se desplazan en transporte público o bicicletas.

Esta claro que si de alguna partida había que recortar, ésa era ésta. Eso sí, después de Educación y Sanidad. Lo importante es desplazarse para poder ejercer la obligación del político. Aunque tarde, con la medida que hace hoy el Gobierno, las arcas públicas se van a ahorrar hasta diez millones de euros. La Junta, por su parte, ya ahorró tres millones de euros. Ahora toca que el resto de administraciones ajusten sus flotas y, además de reducir la desorbitada factura, sean ciudadanos en sus tiempos libres y utilicen el transporte público.

¿Por cierto, por qué los coches oficiales tienen que ser de alta gama y de modelos que no son fabricados en España?