Si le preguntara a qué clase social pertenece, seguramente que contestaría sin pensarlo mucho que a la clase media, como lo haría la gran mayoría de las personas a las que se le hiciese la misma pregunta. Pocos son los que se reconocen como clase baja, y menos aún los que admiten pertenecer a la clase alta. Esta autoidentificación social que no obedece a criterios económicos, se encuentra muy arraigado en los países desarrollados, y sobre todo, entre la generación del ‘baby boom’. El patrón común que homogeneiza a la clase media, es la seguridad de un trabajo estable que le permite crear un hogar y una prole, y además, desarrollarse profesionalmente, costear algún capricho, e incluso, ahorrar. En resumen, disfrutar de un estilo de vida gratificante.
Esa percepción que la mayoría de los ciudadanos tienen de este estatus social, no difiere mucho de los criterios académicos -económicos, sociales, culturales y demográficos- que se utilizan para segmentar a la población en clases sociales. Si se centra el análisis en los principios estrictamente económicos, la OCDE, en su informe ‘Under Pressure: The Squeezed Middle Class’ de 2019, define a la clase media como la población que vive en hogares con ingresos comprendidos entre el 75% y el 200% de la renta nacional mediana neta -deducidos impuestos-. Según este criterio, y teniendo en cuenta los datos facilitados por el INE para 2023, se podría afirmar que en España es clase media todas aquellas personas que viven en un hogar -en alquiler o propiedad- y cuyos ingresos -salario más frecuente- oscilan entre los 1.145 y 3.050 euros.
Una vez identificados los requisitos para formar parte de la clase media y teniendo en cuenta la actual precariedad del mercado laboral, el problema del acceso a la vivienda, y la pérdida de capacidad adquisitiva como consecuencia de las crisis económicas acontecidas en los últimos diez años, cabe tal vez realizarse un planteamiento más ambicioso sobre la verdadera fortaleza de la misma, en un hipotético horizonte temporal que mida su resistencia financiera ante una adversidad sobrevenida como la perdida del empleo. Se trataría de medir en el contexto económico actual, los días que una persona asalariada, autónoma o empresaria, podría mantener su clase social sin contar con sus ingresos ordinarios a costa del patrimonio acumulado hasta dicho instante, sin contar con protección social alguna como salud, educación, pensión o desempleo. Hablamos por ejemplo, de un asalariado que pierde su trabajo o un autónomo que tiene que cerrar su negocio, y que al día siguiente tiene que afrontar los gastos corrientes con los ahorros acumulados o con la ayuda de su red social o familiar.
Bajo este criterio de inercia o tiempo de supervivencia financiera, en el que se desplaza el foco de la cifra monetaria salarial a la capacidad de compra en el horizonte temporal inmediato, se tendría la siguiente división de clases sociales:
- Menos de un mes: Se hablaría de clase baja y abarcaría a todas las personas que no tuvieran capacidad alguna para afrontar sus gastos corrientes como el alquiler de la vivienda, la hipoteca o los gastos de educación y salud, y además, no contaran con un red social y familiar que pudiera hacerse cargo de los mismos. Su resistencia ante una adversidad sobrevenida sería nula y quedarían totalmente desprotegidos.
- De dos a doces meses: Sería la clase media baja, en la que a diferencia de la anterior contarían con el patrimonio de familiares o amistades para poder sobrellevar el impacto de la pérdida de los ingresos hasta un máximo de 12 meses. Por ejemplo, jóvenes con una vivienda en alquiler cuyo coste asumen sus familiares.
- De uno a tres años: Sería la clase media por excelencia, representada por familias que han conseguido acumular un patrimonio suficiente como para sobrellevar su estilo de vida sin sufrir una merma significativa en los bienes y servicios básicos que consumen. Familias con viviendas en propiedad, activos financieros y segundas residencias que permiten generar rentas adicionales, pero que mantienen deudas o hipotecas de una cuantía moderada que no podría ser liquidada en su totalidad en ese espacio temporal.
- De tres a cinco años: Clase media alta, cuya diferencia principal con la anterior, es la ausencia de deudas o la capacidad de poder afrontarlas con solvencia en el espacio temporal señalado, gracias a unos mayores ingresos o a una optimización de los mismos, que les permite contar con un patrimonio suficiente para generar rentas con las que mantener un ritmo de vida desahogado, además de contar con una sólida red social y familiar.
- Más de cinco años: En este segmento estaría la clase alta. Personas que no dependen de ingresos ajenos porque son generadores netos de recursos financieros a través de inversiones, negocios y patrimonio personal o familiar, además de contar con un sólido capital social de contactos que les permite cierto grado de favoritismo corporativo e institucional.
La importancia de la protección social
Contar con un modelo de sociedad en el que el Estado asume la responsabilidad de garantizar el bienestar social y económico de sus ciudadanos a través de la redistribución de la riqueza, vía impuestos, es fundamental para las clases sociales desfavorecidas. Sin esa protección social la mayoría de los ciudadanos se verían abocados a la indigencia, sin más opciones que aceptar en un breve plazo de tiempo cualquier oferta laboral precaria, en el mejor de los casos.
Según el reciente informe de CaixaBank Research, ‘España ante el espejo: evolución de la desigualdad y de la clase media’ de 2024, si se aplicara este test de estrés financiero familiar, al menos un 30 por ciento de la población española se vería seriamente impactada ante la ausencia de cualquier protección social mínima como el desempleo. De ahí la importancia de que existan políticas y programas que habiliten a los ciudadanos servicios esenciales como la seguridad social, salud pública, educación y vivienda.
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