No es verdad que el pasado siempre vuelva, más bien es que hay personas, animales y cosas que se resisten a formar parte del pasado. A veces también le sucede a algunos políticos.
Cuando están en el tránsito hacia la vida civil se arrepienten y regresan a la esfera pública con distintos collares -entiéndase como el abalorio que le entregan a un cargo electo-.
Y a fuerza de tener una cara tan conocida se nos hacen tan familiares que a veces nos acordamos de ellos y otras veces de sus familias -metafóricamente hablando-.
Uno que vuelve es un exalcalde de la comarca de los Montes, que ha tenido tanta suerte que ha sido el único que ha concursado a una plaza de gerente en una empresa de la Junta.
Otras veces lo que ocurre con el pasado es que más bien se revuelve y se convierte en un incordio. Si no que se lo digan a la cúpula del PP en Otura.
Pero el regreso de Ignacio Fernández nos ha devuelto también a escena al empresario que fue el principio de todos sus tormentos.
El 23 de enero registró un escrito en el Ayuntamiento en el que desvelaba algunos datos sobre la última denuncia, la de la presunta contratación irregular por parte del nuevo gobierno de Otura de una obra de 441.000 euros.
Según este constructor, el dinero sale de la ejecución de un aval entregado por otra empresa por valor de 1.181.639 euros. El Ayuntamiento de Otura ejecutó en verano 619.256 euros.
Se hace dos preguntas: ¿qué ha pasado con el dinero restante? Y, si la obra contratada cuesta 441.134, ¿qué se hará con los otros 178.122 euros que sobran?
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