Al final lo que sucede es que a uno le da coraje mirar los papeles de Bárcenas y que su nombre no figure ni en las entradas ni en las salidas. Ni siquiera entre los salidos.
Dice la dirección popular que los papeles son falsos, como la falsa firma que rubricó el contrato de Amy Martin.
Todo es falso en esta farsa.
Los partidos políticos harían bien en poner su dinero negro sobre blanco. En aclararnos, por ejemplo, si los 6.000 euros que según esos documentos recibió Pilar del Castillo el 10 febrero de 2004 fue para comprarse el paracaídas con el que aterrizó en las listas al Congreso por Granada.
El debate no es si las bufandas que reciben los políticos de sus partidos son legales o no lo son. La pregunta es si un dirigente que tiene un sueldo público debe percibir además una gratificación extra de sus organizaciones, que -en el mejor de los casos- tienen como principal vía de financiación el dinero de todos.
No tengo pruebas de que en Granada los partidos hayan tenido una contabilidad paralela y simplemente insinuarlo sería demagogia ventajista. Pero sí hay empresarios que han contribuido -entiendo que legalmente- a mantener parte de la maquinaria de los partidos.
Recuerdo a uno en concreto que me llamó una tarde avisado aún no sé por quién de que publicaría al día siguiente una contratación presuntamente irregular en la que estaba envuelto. Me amenazó con llevarme a los tribunales pero el que acabó declarando ante un juez fue él -aunque es verdad que no se tuvo ni que sentar en el banquillo-.
Lo curioso fue que, esa tarde, el mismo político que me estaba amartillando la pistola me pidió por favor que no disparase esa bala.
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