La escena es real. Un político granadino le dice a un colega del partido contrario sobre un asunto de actualidad: «Me haría falta que me atacaras con este tema». Muy a su pesar, su rival tuvo que atizarle.

La mitad de lo que sucede es un paripé y el otro 50 por ciento es política; valga la redundancia. Pero, a veces, hay quien no lleva con agrado que le tachen de ladrón o le reprochen que maneja sospechosamente billetes de 500. En esas ocasiones, el rifirrafe acaba en los tribunales.

La mayoría de estas querellas ni siquiera trascienden. Es el caso de la que el Partido Popular presentó contra Francisco Álvarez de la Chica por relacionarle con los trapicheos de Luis Bárcenas, ese para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita ahora 42 años y medio de prisión, de los que más de siete corresponden a un presunto delito de blanqueo de capitales.

El 16 de julio de 2013, Álvarez de la Chica bajó a la sala de prensa del Parlamento y acusó al PP de ser «a todas sus escalas una máquina gigantesca de blanquear dinero». El entonces portavoz del PSOE en la Cámara andaluza pidió la dimisión de Mariano Rajoy por tres motivos: «Nombró a Bárcenas, cobró billetes de 500 y mintió cuando dijo que no lo había hecho».

Álvarez de la Chica añadió que, tanto el presidente del PP andaluz en esos momentos, Juan Ignacio Zoido, como su antecesor, Javier Arenas, tenían que dar explicaciones por estar en el centro de la maquinaria que llenaba los sobres, al estilo de la «cosa nostra».

Un auto del Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla notificado el 29 de diciembre ha acordado el sobreseimiento libre de la causa al entender que el exportavoz socialista solo pretendía «criticar para informar». El magistrado también recuerda que existía un «debate público» sobre el caso Bárcenas y hace una defensa efusiva de la libertad de expresión: «Es una conquista de la era moderna que se ha ido ganando, palmo a palmo, con el progreso de la Humanidad; derecho que junto al ejercicio de la crítica política y de libertad de información puede servir eficazmente para la mejor salud social».

Los políticos pueden quejarse a un juez cuando se den por aludidos. Pero deben tener en cuenta que los jueces -algunos- también leen los periódicos.