El concejal Ledesma ha advertido de que, si no se sube el IBI el 10%, el Ayuntamiento no pagará la extra atrasada a los funcionarios municipales ni podrá subirles la nómina el 1% establecido.
Un órdago de este calibre sólo podía ser respondido de dos maneras. Existía la posibilidad de que los trabajadores del Consistorio respaldaran en bloque a Ledesma e, incluso, propusieran incrementar el IBI el 20% para que su sueldo subiera el dos. Aunque la ocurrencia también entrañaba el riesgo de que la junta de personal al unísono se levantara contra el edil que, entre otras funciones, tiene el encargo de garantizar que los funcionarios perciban lo que les corresponde sin necesidad de que lo financien el resto de vecinos. Y ha sucedido lo segundo.
Lleva razón Ledesma al reclamar a la oposición otras alternativas para suplir la falta de liquidez del Ayuntamiento granadino. Pero vincular la subida de impuestos a las nóminas está más próximo a un chantaje que a un argumento contable. Igual que cuando el gobierno municipal del PP usó a Zapatero como pretexto para inflar el IBI otro 30% con el compromiso de devolver el dinero a los ciudadanos cuando hubiese un presidente del Gobierno que entendiera las reclamaciones de este alcalde. Que por lo que se ve, aún no se ha dado el caso.
Si las finanzas municipales están en una situación tan precaria es, también, por decisiones políticas sin ninguna lógica empresarial y por haber dilapidado en los años de bonanza contratos y concesiones para las próximas décadas.
No me importa pagar el 10% más de IBI si es para que los funcionarios recuperen parte de su sueldo. Lo que me fastidia es que con ese dinero también se pueda subir la nómina de los políticos que nos acercaron a la quiebra.
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