Torres Hurtado lleva más de tres décadas como cargo público. En algunos momentos, hasta expuso su vida como delegado del Gobierno en los años de plomo y metralla. También atesora tres mayoría absolutas y una cuarta victoria en minoría como candidato a la alcaldía de Granada capital; algo que nunca nadie había logrado.
Sin embargo, hasta el último miércoles, Torres Hurtado habría pasado a la historia como el alcalde que reconoció públicamente que las mujeres, cuanto más desnudas se exhiban, le resultan más elegantes.
Eso era hasta el miércoles. Desde el 13 de abril, a falta de mayor estrambote, Torres Hurtado será recordado como el alcalde de Granada que fue detenido por la Policía, paseado entre cartones y al que hicieron tocar el piano y posar para la foto de la ficha policial lo mismo que a la Pantoja.
Quizás no sea justo, pero el legado habría sido distinto si no se hubiera presentado a las elecciones de 2015.
La ‘Operación Nazarí’ abre dos escenarios comprometidos para el todavía alcalde: uno político y otro judicial. Empecemos por el primero.
El partido ha decidido, al máximo nivel, que Torres Hurtado se tiene que ir «sí o sí». No es nada personal, son los negocios.
Pero Torres Hurtado ya ha advertido que un hombre de Píñar es duro de tumbar. El alcalde defiende que no ha pasado «nada», aunque de la dirección popular sólo falte que le solicite la dimisión la gaviota.
La asimilación de Torres Hurtado con el Ayuntamiento ha llegado a tal punto, lo siente tan suyo, que si le presentaran una moción de censura seguiría creyendo que es el alcalde.
Conviene no perder la referencia para ubicarse en los acontecimientos: no es la prensa, ni siquiera la Policía, quienes están empeñados en conseguir su dimisión en las próximas horas. Es su partido.
Luego está el plano judicial, lo que sigue bajo secreto y lo que es un secreto a voces. La investigación es mucho más que una «parafernalia», como la ha descrito Torres Hurtado. Pero no voy a aventurar lo que está por suceder sino a reflexionar sobre lo ocurrido.
Tengo la sensación documentada de que algunos han subestimado a la jueza y la fiscal que llevan el caso. Que las han intentado despachar con los mismos argumentos inconsistentes con los que se defienden en rueda de prensa. Y, claro, no les ha funcionado.
Pongo un ejemplo a modo de comparación, para que se entienda lo acontecido.
El martes, el portavoz del gobierno municipal, Juan García Montero, ofreció a los medios de comunicación examinar uno de los expedientes objeto de las sospechas. Este periódico solicitó verlo y una semana después no ha tenido ni respuesta.
Si en lugar de periodistas fuésemos policías habríamos registrado los despachos en busca de los papeles de Pepe.
Incluso su «tabla».
Deja una respuesta