Este jueves escuchábamos la siguiente frase: «La corrupción es en si misma un proceso de muerte y un mal más grande que el pecado. Un mal que, más que perdonar, hay que curar». Su autor es el Papa Francisco y la pronunció en una audiencia a una delegación en el Vaticano a la Asociación Internacional de Derecho Penal. Creo que acierta con sus palabras el Santo Padre. Aunque seguro que no tenía la intencionalidad de referirse a España, los últimos y más recientes acontecimientos en esta materia sobrecogen a la opinión pública. Hemos conocido estos días la imputación de Ángel Acebes, quien fuera exministro y secretario general del PP, por el ‘caso Bárcenas’ y la supuesta caja B de esta formación.
Más cerca, el alcalde de Roquetas de Mar, presidente del mismo partido en Almería y de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, ha sido citado a declarar en calidad también de imputado, junto con seis concejales, por la presunta ilegalidad en la concesión de licencias para la construcción de diez viviendas unifamiliares de lujo. Han sido imputados, igualmente esta semana, los dos últimos dirigentes de la UGT de Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, por el llamado caso de las facturas falsas. La imputación no es sinónimo de culpabilidad, sino la existencia de ciertos indicios por parte de la Justicia. Su fundamento es preservar al acusado y garantizarle sus derechos de defensa, hasta el punto de poder declarar sin la obligación de decir la verdad. Los partidos políticos han marcado la imputación como «línea roja», especialmente para atacar al adversario y pedir su dimisión, pero si el caso se produce con alguien propio, compañero de filas, se pueden buscar excusas y pretextos.
En fin, son ellos, los políticos que nos gobiernan, quienes tienen que ponerse de acuerdo. Parece que PP y PSOE no acaban de llegar a un pacto anticorrupción. Merecería la pena que encontraran más puntos de encuentro si quieren ganar credibilidad ante la ciudadanía. Hacen falta medidas contundentes y que lo pague quien se haya saltado la ley. Me da igual que sea la familia Pujol, procedan del caso Gürtel o de los ERE de Andalucía. «La sociedad necesita referencias morales a las que admirar y respetar; principios éticos que reconocer y observar; necesita valores cívicos que preservar y fomentar». Son palabras de Felipe VI, en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, que también comparto. Debemos contribuir a ello, aunque quizá unos más que otros, sobre todo los que ejercen responsabilidades públicas en un Estado «en el que todos, ciudadanos e instituciones, estamos sometidos, por igual, al mandato de la ley». ¿No les parece?