Los independentistas esperaban un gesto por parte del gobierno de Pedro Sánchez ante la situación judicial de los presos preventivos y el resto de encausados. La Abogacía del Estado que, como su propio nombre indica, debería representar al Estado es un órgano que depende del Ministerio de Justicia, con lo que es fácilmente entendible su cambio de opinión respecto a la calificación de los delitos. La Fiscalía, en cambio, como institución que representa al Ministerio Público, aunque se debe a un principio jerárquico que parte de quien ostente la Fiscalía General del Estado, nombramiento que corresponde al Gobierno, goza de un estatuto orgánico cuya misión es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y se integra con autonomía funcional en el Poder Judicial.
Es un respiro comprobar que la separación de poderes existe en España. En Andalucía justo también esta semana hemos visto que la Fiscalía mantenía sus posturas al concluir el asunto de los ERE, con petición de cárcel para José Antonio Griñán y de inhabilitación para Manuel Chaves.
Lo que no se comprende son algunas palabras, especialmente tras escuchar a la vicepresidenta Carmen Calvo cuando dijo este viernes que el presidente del Gobierno nunca había dicho que hubiera un delito de rebelión en Cataluña. Claro, lo dijo cuando estaba en la oposición.
El problema es que Sánchez era entonces y ahora la misma persona. Antes no ocupaba la Moncloa y eso imprime carácter, aunque esté colgado de la brocha, sin andamio suficiente para sacar adelante los Presupuestos, a la vista de que los independentistas han puesto el grito en el cielo con la postura de la Fiscalía. Y sobre gestos no puedo dejar de citar el desaguisado que se ha formado a raíz de la decisión de sacar a Franco del Valle de los Caídos, incluido el desencuentro de la citada vicepresidenta con el Vaticano. La exhumación va camino de convertirse en todo un culebrón y provocar que acabe en un lugar de peregrinación en memoria del dictador, que era lo que se pretendía evitar.
La semana nos ha deparado nuevamente el olor pestilente de las cloacas que rezuman las grabaciones que realizó –no podemos olvidarlo– un policía, servidor público y defensor de las libertades.
Le ha tocado el turno a la que fuera ex secretaria general del Partido Popular y ex presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Junto a su marido, en un papel que debería explicarse, se relaciona a ambos en el conocimiento de la investigación sobre los casos de corrupción en su partido y con el encargo de un dossier contra su compañero el andaluz Javier Arenas.
De poco vale decir que cumplía con su obligación. Las diferencias entre una y otro afloran en un momento delicado en esta comunidad autónoma para el partido que lidera Juanma Moreno, con elecciones en menos de un mes.
Pablo Casado, que recibió frente a Soraya Sáenz de Santamaría el apoyo de Cospedal, no se siente hipotecado por ello, pero el episodio no viene a tranquilizar las turbulentas aguas internas que circulan entre los populares. ¿No les parece?