Hay momentos en los que una sociedad deja de discutir sobre los problemas reales para acalorarse por las emociones que la tergiversación de esos problemas provoca. Entonces los políticos descubren que resulta mucho más sencillo administrar el miedo, la indignación o el resentimiento que explicar la complejidad de aquello que se pretende resolver. España parece mantenerse en uno de esos territorios de penumbra en los que la realidad se sustituye por una manipulada representación.
Hablemos de las heurísticas del poder, esos atajos mentales mediante los cuales simplificamos la realidad para tomar decisiones rápidas que son usados por el poder para no convencer desde el plano racional, sino con la gestión de las emociones que infantilizan a la ciudadanía y reemplazan el debate democrático por una respuesta refleja, condicionada. Nos gobiernan mediante sesgos, presentando la complejidad institucional reducida a binomios maniqueos: el bien frente al mal, derecha contra izquierda, acomodados frente a vulnerables, (ahora) propietarios contra inquilinos, la narrativa frente a la legalidad… La argucia política es que quien controla el relato termina imponiendo su verdad, aunque los hechos sean otros o mucho más incómodos.
Así, se nos vende que las protestas contra los desahucios son un nuevo 15M, una renovada ola de “indignación” para sacudir la conciencia de políticos y especuladores. Pero a aquel 15M de hace quince años el futuro le pasó de largo. Fue movimiento transversal, descentralizado, apartidista y espontáneo conformado por personas de toda condición y procedencia, cansados e indignados por la crisis económica, la corrupción política y la ausencia de liderazgos honestos. El resultado fue que nos convertimos, una parte importante, en “indignados decepcionados” pues habíamos confiado en una renovación política que terminó convertida en una nueva forma de poder y en el aprovechamiento particular de algunos representantes avispados, que aún siguen exprimiendo un discurso manido y trasnochado.
Los actuales indignados (aparentes) ejemplifican que si una sociedad deja de contrastar la información acaba siendo débil frente al poder de quienes saben activar sus emociones. Los desahucios, todos y no solo los mediáticos, son un problema cierto y doloroso que no deriva de la funesta decisión de los propietarios que cumplen con la legalidad, sino de las inexistentes políticas de vivienda del gobierno, de la precariedad salarial, de la sobrepresión fiscal y tributaria a las empresas, de la ausencia de incentivos e infinita burocracia para las constructoras y, en definitiva, de un modelo económico inexistente salvo para ser maquillado con incrementos de un PIB engrosado por un imparable gasto público y por el endeudamiento de una población creciente que, paradójicamente, dispone de una menor renta per cápita disponible.
No es casual que los líderes de los indignados actuales apliquen la “regla de las minorías” descrita por N.N. Taleb, quien sostiene que una minoría pequeña, cuando es suficientemente firme e intolerante con determinadas prácticas, puede terminar imponiendo sus preferencias al conjunto de la sociedad y transformar el comportamiento colectivo; basta con que tengan capacidad para condicionar el sistema aprovechando la debilidad del gobierno y la ambición de su presidente. La paradoja española es que esa regla puede funcionar tanto para proteger derechos como para manipular la democracia. Una minoría organizada puede ser imprescindible para que una sociedad avance; también puede convertirse en un mecanismo de presión cuando presenta su propia visión como la única expresión legítima del interés general.
Precisamente por eso resulta peligroso convertir un problema estructural, que los últimos gobiernos no han sabido/querido resolver, en una batalla moral entre buenos y malos en la que, por un lado, ciertos movimientos ideológicos y sindicales estrechamente vinculados a la órbita de la izquierda controlan o influyen en cooperativas de vivienda y estructuras del sector y, por otro, alientan de manera hipócrita protestas estridentes que demandan soluciones intervencionistas. Estas medidas, lejos de resolver la escasez de vivienda, intimidan al pequeño propietario, estrangulan aún más la oferta y reducen el mercado del alquiler a la mínima expresión.
El uso mediático y torticero de casos particulares de desahucio, elevados a categoría sistémica, ocultan la casuística jurídica real de cada expediente respondiendo a una planificación política deliberada para incendiar las calles. No se busca proteger la vulnerabilidad social con rigor técnico ni con garantías habitacionales estables, sino instrumentalizar el dolor humano para crear un clima de “pre-insurrección”. Es la vieja táctica de fabricar culpables a la carta para justificar la erosión de la seguridad jurídica, usando un lenguaje en el que predominan el cinismo, la mentira, la hipocresía y la persuasión ideológica para imponer una superioridad moral desposeída de ética.
La comparación con el 15M resultará inequívoca pues sabemos cómo aquel movimiento fue aprovechado por personajes cuyo liderazgo estaba sustentado en ambiciones personales en las que no cabía (ni cabe) la defensa real de los vulnerables e indignados auténticos. El intento de aplicar un nihilismo activo a un momento crítico, como fue el lustro 2008-2013, quedó (como quedará la voluntad de los acampados) en la disolución de las ideas en un entramado de voluntades individuales que no pretenden la regeneración democrática, sino servir de manigeros dirigiendo al colectivo que secunda el relato gubernamental (en fase terminal).
Permitir que el atajo heurístico y la mentira institucional se adueñen del espacio público equivale a entregar los cimientos de nuestra convivencia a quienes solo entienden el Estado como un botín y la sociedad como un rebaño manipulable. En semejante escenario, España necesita exactamente lo contrario de una política basada en heurísticas. Necesita la valentía para distinguir hechos de relatos, delitos de sospechas, víctimas reales de símbolos políticos, propietarios de especuladores, manifestantes de militantes y adversarios de enemigos.
Cuando una minoría consigue imponer su relato y la mayoría deja de cuestionarlo, la democracia conserva sus urnas, sus instituciones y sus leyes, pero pierde la capacidad de controlar un presente en el que no haya que elegir entre dos trincheras y pueda recuperar la honestidad de los hechos, el respeto a la legalidad y la libertad de cada ciudadano para pensar y decidir por sí mismo.
José Manuel Navarro Llena.
Publicado en IDEAL (Grupo Vocento) el 13/10/2026
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