José Manuel Navarro

Blog de José Manuel Navarro Llena

Las sociedades se empobrecen moralmente cuando pierden la capacidad de indignarse ante la injusticia, cuando confunden la obediencia con la lealtad, cuando desvían hacía sus iguales el malestar contra el poder y cuando aceptan que pensar por uno mismo es una forma de traición. España atraviesa uno de esos momentos. Y lo preocupante es que parece tratarse también de una anomalía en una Europa que, entre el desconcierto económico, la incertidumbre geopolítica y la erosión de sus referencias éticas, puede haberse resignado a descontar un futuro mejor de sus expectativas de progreso.

José Ingenieros, en su obra “El hombre mediocre” (1913), planteó que la falta de inteligencia no es condenable; lo es la mediocridad cuando el individuo renuncia a construir un criterio propio y se limita a reproducir las ideas, los prejuicios y las irracionalidades de su entorno. El hombre mediocre no necesita que lo convenzan; le basta con que le ofrezcan una pertenencia. No busca la verdad, sino la comodidad de escudarse en una mayoría. Y, sobre todo, teme la libertad que obliga a asumir la responsabilidad de sus actos.

Cien años después, la política modula esa visión para priorizar la administración de las emociones del pueblo antes que resolver los problemas más acuciantes. El miedo, el resentimiento, la violencia callejera y la confrontación se han convertido en instrumentos de movilización electoral. Ya no se trata de convencer al ciudadano de que una propuesta sea mejor que otra; hay que persuadirlo de que quien discrepa representa una amenaza. Así, el adversario político ya no es alguien con quien dialogar sino a quien combatir, denostar y dominar.

El resultado es una sociedad fragmentada, donde las identidades ideológicas partidistas se imponen sobre la convivencia y donde el debate público se parece cada vez más a un laberinto de trincheras. Como diversos informes constatan, el crecimiento del extremismo ideológico en España desde 2002, el distanciamiento percibido entre partidos y la crispación política constituyen un factor especialmente relevante para explicar esta involución social.

No sería justo atribuir esta deriva a una formación política, porque la responsabilidad de la crispación alcanza a distintos actores y espacios ideológicos. Tampoco sería honesto ignorar el papel que desempeña el Gobierno. Quien tiene la responsabilidad de dirigir el país debería asumir la obligación de rebajar la tensión, no convertir la división y el aliento a la insurrección en una estrategia de supervivencia. Cuando desde el poder se alimenta sistemáticamente la contraposición entre bloques, se señala a determinados estamentos como adversarios morales y se presenta cualquier crítica como una expresión de hostilidad, la convivencia democrática se debilita.

Tampoco los sindicatos quedan al margen de esta situación. Su función histórica ha sido defender los derechos de los trabajadores, equilibrar las relaciones laborales y actuar como contrapoder frente a los abusos empresariales o gubernamentales. Pero esa legitimidad se quiebra porque subordinan su independencia a la afinidad con el poder político y sus subvenciones públicas, seleccionan sus batallas en función de conveniencias partidistas o contribuyen a identificar al discrepante como enemigo de clase. Dejan entonces de representar plenamente a quienes deberían defender y alimentan el enfrentamiento entre trabajadores (recientemente, entre quienes imponen el derecho a la huelga y quienes quieren ejercer su derecho al trabajo).

Esta degradación del espacio público conecta con la advertencia de N. Maquiavelo de que las repúblicas no se destruyen necesariamente mediante una conquista exterior, sino que pueden corromperse desde dentro cuando quienes gobiernan confunden el interés general con su propia conservación. Entonces, la peor corrupción, más que la económica o la de influencia, es la normalización de la mentira, el relativismo interesado, la impunidad, el clientelismo y la utilización de las instituciones como patrimonio del partido. Una sociedad que termina justificando en los suyos aquello que condena en los demás ha perdido una parte esencial de su capacidad democrática, permitiendo que las leyes pierdan eficacia al deteriorarse las convenciones públicas y que las instituciones dejen de servir al bien común para convertirse en instrumentos de quienes las dirigen.

A esta pobreza moral se suma la económica. Quien vive permanentemente preocupado por llegar a fin de mes dispone de menos tiempo y energía para participar en la vida pública. Y quien ha perdido la confianza en las instituciones termina refugiándose en el escepticismo, el individualismo o la adhesión irracional a cualquier liderazgo que prometa protección. En este terreno perfecto para que prosperen los demagogos, ¿existe una salida? H.D. Thoreau propuso en “Desobediencia civil” que la conciencia individual no debe someterse automáticamente a la autoridad. El ciudadano tiene la obligación moral de no colaborar con aquello que considera injusto, incluso cuando esa injusticia se ampare en la legalidad (impuesta). Su planteamiento no invita a la violencia ni al desprecio de las instituciones, sino a recuperar la responsabilidad personal frente a la obediencia ciega.

La desobediencia civil, entendida como resistencia pacífica, pública y responsable ante leyes o actuaciones injustas, puede ser hoy una herramienta de regeneración democrática. Pero empieza mucho antes de una protesta. Comienza cuando dejamos de compartir una mentira porque beneficia a los nuestros, cuando exigimos responsabilidades sin dependencia de siglas, cuando rechazamos que un sindicato, un partido o una empresa decidan en nuestro nombre sin rendir cuentas.

También exige recuperar la cultura del pensamiento crítico. E. Fromm explicó cómo el individuo puede llegar a renunciar voluntariamente a su autonomía para encontrar seguridad en la sumisión. Esta reflexión recuerda que ninguna democracia puede sobrevivir indefinidamente si sus ciudadanos delegan su conciencia en quienes ejercen el poder. La sociedad ha de exigir a sus gobernantes honestidad, a sus sindicatos independencia, a sus empresarios responsabilidad y a sus representantes públicos ejemplaridad abandonando cualquier tipo de tutela ideológica.

Ingenieros reivindicaba al idealista como alguien capaz de imaginar una realidad mejor y trabajar para alcanzarla. Thoreau nos recordó que la conciencia no se delega. Y Maquiavelo nos enseñó que ningún gobierno está a salvo de su propia corrupción. Advertencias que sugieren que quizá el verdadero problema de nuestra época no sea que hayamos dejado de tener grandes ideales, sino que hemos permitido que nos convenzan de que ya no sirven para nada. Frente a quienes necesitan ciudadanos enfrentados, resignados y dependientes, hay que reivindicar ciudadanos libres, exigentes y capaces de discrepar sin odiarse para abandonar el estatus de una sociedad mediocre.

José Manuel Navarro Llena.

Publicado en IDEAL (Grupo Vocento) el 20/11/2026


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